Limbo guantanamero

LA VANGUARDIA - 06/03/2006 (Editorial)

COMO de alguna forma ya se intuía, los prisioneros de la base naval estadounidense de Guantánamo no sólo han sido o están siendo objeto de una detención ilegal, según las normas del derecho internacional comúnmente aceptadas, sino que empieza a saberse que su principal delito fue, en la inmensa mayoría de los casos, estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. En efecto, todo apunta a que, en las semanas y meses posteriores a los trágicos atentados del 11 de septiembre del 2001, el Gobierno de Estados Unidos detuvo a un número indeterminado de sospechosos a los que fue reteniendo en el citado enclave. El objetivo fundamental parece haber sido tranquilizar a la opinión pública estadounidense, dando la sensación de que se quitaba de la circulación a una serie de personas teóricamente capaces de reproducir esos atentados, más que el de capturar a los verdaderos responsables del 11-S. Bajo la dirección del vicepresidente Richard Cheney, del secretario de Defensa Donald Rumsfeld y del entonces secretario de Justicia, John Ashcroft, y con la cobertura retórica del presidente Bush, se intentó justificar políticamente -que no jurídicamente- que todo era válido en la guerra contra el terrorismo internacional, desafiando de ese modo toda una tradición estadounidense del derecho de cualquier persona a un juicio justo y de respeto a los tratados internacionales, como la convención de Ginebra. La acuñación por parte del Pentágono del término combatiente enemigo para eludir la consideración de prisioneros de guerra de los detenidos en Guantánamo y sortear así el derecho internacional no ha logrado disipar la sospecha de que, en un número considerable de casos, los reclusos son culpables de delitos menores, como no respetar las condiciones de su libertad condicional o no tener la documentación en regla. El problema es que, tarde o temprano, habrá que excarcelar a casi todos los moradores de este limbo guantanamero, que, inevitablemente, tendrán mucho que contar, y nada bueno para la Administración Bush, por no hablar de las eventuales indemnizaciones.