Los bosquimanos, sin sus pozos

BOTSWANA: Pozos prohibidos para los bosquimanos, denuncia su portavoz camino a Londres

(Survival Internacional)

Mientras se acerca del Día Mundial del Agua de la ONU, el próximo 22 de marzo, el Gobierno de Botsuana ha prohibido a los bosquimanos del Kalahari usar sus propios pozos de agua. Un portavoz de los bosquimanos llega a Londres esta semana para protestar por la prohibición.El Fiscal General de Botsuana ha escrito a los abogados de los bosquimanos negando el permiso que éstos solicitaban para instalar una bomba de agua en un pozo existente en su tierra de la Reserva de Caza del Kalahari Central (RCKC). La razón esgrimida por el Fiscal ha sido que el pozo es propiedad del Gobierno.El Tribunal Supremo de Botsuana decretó en diciembre que los bosquimanos tienen derecho a vivir en su tierra, y que su expulsión forzosa de la RCKC en 2002 había sido ilegal. Ahora quieren organizar su propio suministro de agua, cargando ellos con los costes.Jumanda Gakelebone, de la organización bosquimana First People of the Kalahari, ha declarado: "El Tribunal Supremo ha dicho que podemos regresar a nuestra tierra, pero ahora comprobamos que el Gobierno está haciendo todo lo que puede para detenernos. Si no, ¿por qué nos impediría emplear un pozo que nadie más está usando? Sin agua no podemos vivir en el Kalahari".El anterior Secretario General de la ONU, Kofi Annan, se ha referido al derecho al agua como "una necesidad humana fundamental y, por lo tanto, un derecho humano básico".





Más información:Ana M. MachadoTel. 91 521 72 83 am@survival.es

Asesinados 120 niños en Guatemala en lo que va de año

La ONG Casa Alianza afirma que, en menos de tres meses, 120 niños y niñas han muerto en Guatemala víctimas de ataques violentos y en un clima de impunidad.

Silvia Torralba / Redacción Canal Solidario (21/03/2007)

El año pasado fueron 525 y este año, en tan sólo dos meses y medio, ya son 120 los menores que han muerto de manera violenta en Guatemala.Las cifras las da la organización Casa Alianza, que advierte que el “desmedido incremento” de las agresiones contra los jóvenes en el país no preocupa al Gobierno, porque “no garantiza la seguridad y bienestar de los niños y adolescentes”.Como explican desde Casa Alianza y organismos como la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala, la violencia generalizada afecta a todo el país y eso incluye a los menores. En los últimos años, la violencia “indiscriminada” contra niños y jóvenes se ha multiplicado, así como el número de menores autores de este tipo de agresiones.Muchos de estos menores han sido víctimas de ataques de las maras, pandillas juveniles formadas también por jóvenes y niños; pero muchos otros –miembros o no de pandillas- han sido víctimas de grupos todavía sin identificar y que, según denuncias realizadas por Casa Alianza en los últimos años, gozan de impunidad.Pero este gran número de menores asesinados en Guatemala no es un hecho aislado. En todo el país, la violencia generalizada es uno de los principales problemas a afrontar y prueba de ello es que los partidos que el próximo mes de septiembre participan en las elecciones generales han convertido el tema en uno de los ejes de sus campañas. En los últimos días, por ejemplo, la violencia ha sacudido el país tras la muerte de tres diputados salvadoreños y su conductor en territorio guatemalteco.Según un informe (pdf) del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD) en Guatemala, en el año 2005 la violencia supuso un gasto económico equivalente al 7,32% del Producto Interior Bruto del país, teniendo en cuenta los costos en el sector de la salud e institucionales, los gastos privados en seguridad y las pérdidas materiales. Esta cifra equivale a la mitad del presupuesto público del país.Políticas sociales para salir de la pobrezaComo afirma Casa Alianza, las agresiones contra niños y jóvenes en Guatemala afectan a todas las clases sociales pero sobre todo a “los pobres y marginados”. Junto a la violencia y la inseguridad, la pobreza es otro de los grandes retos que afronta este país, que durante 36 años vivió una cruel guerra civil y donde los movimientos sociales aún luchan por que se cumplan los Acuerdos de Paz firmados hace una década.En concreto, de los 13 millones de habitantes en Guatemala más del 60% vive en situación de pobreza, una realidad que afecta sobre todo a las comunidades indígenas. Según cifras oficiales, del año 2000 al 2004 la pobreza extrema subió del 16% al 21,5% y, de seguir así, el país no alcanzará los Objetivos de Desarrollo del Milenio.Invertir en salud, educación, nutrición y cuestiones como el acceso al agua potable es, según ONG e instituciones como el PNUD y el Observatorio Fiscal del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, el principal reto del actual Gobierno de Óscar Berger y del Ejecutivo que salga elegido en las próximas elecciones presidenciales. Las reformas, concluyen, deberían contemplar la construcción de escuelas, hospitales, infraestructuras… pero sobre todo proyectos integrales que también tengan en cuenta aspectos como la formación y el respeto a las diferencias culturales.

Más información:Casa AlianzaCERIGUA, Centro de Reportes informativos sobre GuatemalaPNUD en Guatemala

Absuelto el director del semanario

DICE QUE 'CHARLIE HEBDO' HIZO USO DE SU LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Un tribunal francés ampara al semanario que publicó las caricaturas de Mahoma

EFE

PARÍS.- El Tribunal Correccional de París ha absuelto a la revista satírica y laica francesa 'Charlie Hebdo' del delito de injurias con base religiosa por haber publicado tres caricaturas de Mahoma, en febrero de 2006.
El tribunal considera que las tres caricaturas del profeta publicadas por 'Charlie Hebdo' no son constitutivas del delito de injurias, en contra de lo que mantenían las dos organizaciones musulmanas demandantes.
Las caricaturas objeto de litigio eran tres: una dibujaba a Mahoma con un turbante del que salía la mecha de una bomba, en otra el profeta pedía a los terroristas que no se inmolasen porque ya no quedaban más vírgenes en el paraíso y en la tercera presentaba al profeta lamentándose de ser "amando por tontos".
Las dos primeras habían sido publicadas previamente, en septiembre de 2005, por el diario danés 'Jyllands-Posten', mientras que la tercera era obra del francés 'Cabu', un dibujante habitual de 'Charlie Hebdo'.
La sentencia pronunciada por la sala 17 del Tribunal Correccional de París es acorde con la requisitoria de la Fiscalía.
El pasado 28 de febrero, el Ministerio Público había pedido la absolución del director del 'Charlie Hebdo', Philippe Val, al considerar que la publicación de esas caricaturas era conforme al derecho de la libertad de expresión y que no atacaban al Islam sino a los integristas.
La defensa de Val, que también había pedido la absolución, afirmó que nunca hubo intención de herir a nadie y subrayó que Francia es un país laico donde la libertad de expresión es fundamental. Pero las entidades musulmanas demandantes, la Unión de Organizaciones Islámicas de Francia (UOIF) y la Gran Mezquita de París, no estaban de acuerdo con esa lectura.
Por ello, pidieron que se reconociese el delito de injurias con base religiosa, penado con hasta seis meses de cárcel y multa.
Esta sentencia es una de las primeras en Europa en tratar directamente la controversia surgida tras la publicación de las caricaturas de Mahoma inicialmente por en Dinamarca.
Esa primera publicación provocó reacciones virulentas en países musulmanes y un boicot de los productos daneses.

Condenas a muerte en Cuba

Al rescate de la memoria histórica

MAITE RICO – EL PAÍS - Madrid - 19/03/2007

Al menos 8.190 personas han muerto como consecuencia de la represión del régimen de Fidel Castro, según la documentación de Archivo Cuba, una iniciativa independiente que pretende romper el silencio que rodea a las víctimas y crear un registro que sirva para una futura Comisión de la Verdad, similar a las que han trabajado en Chile, Argentina o Guatemala.
Fusilamientos, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones engrosan los expedientes desde 1959, año del triunfo de la revolución. “Desde el principio el régimen mostró un profundo desprecio por la vida humana”, asegura María Werlau, experta en relaciones internacionales y directora del proyecto, que tiene sede en Nueva York.
Lo que empezó en los años noventa como un trabajo de hormiga de algunos estudiosos, encabezados por Armando Lago, un economista de Harvard, ha confluido en una amplia base de datos. “Al principio teníamos listas sueltas, redactadas a partir de recopilaciones bibliográficas y de periódicos, que se cruzaban con informes de la Organización de Estados Americanos u otros documentos”, explica Werlau. “Después acudimos a las fuentes directas: las familias de las víctimas, que nos han aportado mucho material, y testigos (ex milicianos, funcionarios, oficiales, médicos) que acabaron saliendo de la isla. También son de gran ayuda los trabajos de Amnistía Internacional y Human Rights Watch”.
Una treintena de voluntarios, entre universitarios y activistas de derechos humanos, recopilan la información y elaboran la base de datos, que dentro de unos meses estará informatizada y será accesible al público gracias a una ayuda de Freedom House, la fundación instituida en 1941 por Eleanor Roosevelt para la defensa internacional de las libertades.
Según Werlau, en las casi cinco décadas de dictadura se han sucedido varios patrones de represión. “En los primeros años se dieron fusilamientos masivos, después de procesos sumarios en una atmósfera de circo, con el objetivo de generar terror. En los sesenta y setenta, proliferan las ejecuciones extrajudiciales en prisión y en las Unidades Militares de Ayuda a la Producción, los campos de trabajos forzados. En los ochenta despuntan las purgas internas y los asesinatos en intentos de salida de la isla, como asaltos a embajadas o hundimiento de embarcaciones·.
Entre los muertos hay mujeres embarazadas, niños (54 casos documentados) y ciudadanos extranjeros (varios españoles). “No me interesan las cifras, sino poner caras y nombres a estas víctimas, que son víctimas olvidadas”, señala Werlau, quien vivió la transición chilena y siguió de cerca los trabajos para documentar los abusos del régimen de Augusto Pinochet. “En Chile hubo 3.197 muertos y desaparecidos. En Cuba, esa cifra fue ampliamente superada sólo con los fusilamientos de los primeros años. El mundo supo de la tragedia chilena desde el principio, en parte gracias a la Vicaría de la Solidaridad”. En Cuba, el margen de maniobra es muy escaso. “La Iglesia está maniatada, las ONG no pueden entrar y nosotros no podemos comprometer a nadie. Francisco Chaviano trató de hacer un registro de desaparecidos, y ahora es preso de conciencia de Amnistía Internacional. Lo encarcelaron en 1994 y su situación es terrible”.
Chile, recuerda Werlau, contaba con la solidaridad internacional, mientras que con Cuba sigue imperando una doble moral, “quizás porque es una dictadura supuestamente de izquierdas, por el odio a EE UU, o por la fuerza de la propaganda castrista. También los exiliados tenemos culpa, por la fragmentación derivada de las agendas políticas”.
La cifra de muertos, según estos estudiosos, es mayor. “A medida en que se conoce el proyecto, los testimonios se están multiplicando”. Archivo Cuba quiere ampliar el registro hasta 1952, año del golpe de Fulgencio Batista, que terminó con la democracia en Cuba y desencadenó el proceso revolucionario. “Nuestro objetivo es sembrar la semilla para que solventemos las diferencias pacíficamente, especialmente ante una futura transición”, concluye María Werlau.

"Purificar" Polonia

EDITORIAL del diario EL PAÍS: Purificación en Polonia

16/03/2007

La obsesión del Gobierno derechista polaco de los hermanos Kaczynski por purificar el país de su pasado comunista ha adquirido tintes enfermizos con la entrada en vigor de la ley que obliga a cientos de miles de personas a confesar si colaboraron con la policía política del régimen desaparecido hace 17 años. Profesores, directivos de empresas públicas, periodistas, funcionarios, abogados, etcétera, nacidos antes de 1972 caen bajo las previsiones de un texto promovido por el partido gubernamental que prevé serias represalias contra los renuentes, y del que lo único razonable que cabe esperar es que sea derogado cuando en mayo afronte el escrutino del Tribunal Constitucional.

La ley ha provocado la ira de los sectores afectados y la división de los polacos. Aunque resulta evidente que los gemelos Kaczynski no llegaron al poder para modernizar su país y hacer de él un modelo de librepensamiento, su ley que escudriña las conciencias no es compatible con un Gobierno europeo contemporáneo, comprometido aparentemente con los ideales de la UE. Polonia no puede a estas alturas dar cobertura a una caza de brujas apoyada en los perversos archivos de la policía política, ni siquiera con el argumento gubernamental de que la vida pública está contaminada por una siniestra red de funcionarios corruptos y profesionales sin escrúpulos que han medrado gracias a sus lazos con el régimen caído.

Que ex miembros de la nomenclatura comunista y confidentes del sistema han aprovechado sus conexiones pasadas para llegar más o menos lejos en la Administración y la empresa resulta evidente, como en la práctica totalidad de los países europeos con un pasado comunista consolidado. La integración de estos oportunistas en una democracia es una medida inevitable y hasta saludable, siempre y cuando no tengan la menor ventaja sobre la mayoría de los ciudadanos. Pero la ofuscación de Lech y Jaroslaw Kaczynski con los errores del pasado parece vedarles la apreciación de los suyos, que son monumentales. El trabajo del Gobierno polaco consiste en reformar un país muy necesitado de ello, no en organizar lustraciones arbitrarias que utilizan medidas de denuncia y castigo como las de la era denostada. Hasta el organismo que debe decidir sobre las confesiones ciudadanas, el Instituto de la Memoria Nacional, tiene nombre inquietante.

Una herencia totalitaria no se combate con armas de similar jaez. La democracia y el capitalismo no se defienden con la caza de advenedizos ex comunistas, sino construyendo una sociedad abierta, justa y competitiva donde los oscuros vínculos del pasado se desplomen por irrelevantes. Pero eso es justamente lo que el Gobierno de Justicia y Paz, después de año y medio al timón de Polonia, se muestra incapaz de hacer.

España aumenta la venta de material militar

España vendió material de defensa y doble uso a China, Israel, Colombia y Marruecos.
Aumentan las exportaciones españolas de material de defensa durante el primer semestre de 2006 y se sigue sin conocer el detalle de lo que se exporta.

Con varios meses de retraso, el Gobierno ha remitido al Congreso las estadísticas de exportación de Material de Defensa y de Doble Uso relativas al primer semestre de 2006, cuyas ventas supusieron 462,6 millones de euros. El análisis de los datos oficiales sobre las exportaciones realizadas en este periodo, constata que armas españolas y productos y tecnologías de doble uso continúan llegando a países en conflicto armado, con tensiones regionales o en los que existen graves y reiteradas violaciones de los derechos humanos, como China, Israel, Colombia, Marruecos e Indonesia, entre otros. La preocupación por el hecho de que se vendan armas a estos países es aún mayor por la falta de información sobre el tipo de producto exportado, la naturaleza del usuario final y sobre los criterios valorados a la hora de aprobar esas exportaciones. Dicho nivel de transparencia ya es ofrecido por otros países del entorno como Reino Unido, Alemania y Bélgica.Este análisis pone nuevamente de manifiesto la necesidad urgente de que se apruebe en España una ley que permita conocer y controlar eficazmente las transferencias de armas. Opacidad en la informaciónAdemás de la demora en la publicación de los datos, Amnistía Internacional, Intermón Oxfam y Greenpeace lamentan que el informe del Gobierno no presente ningún avance en transparencia respecto a los informes de años anteriores, lo que una vez más impide que pueda conocerse públicamente con exactitud qué tipo de armas se han vendido, a quién y con qué finalidad y, por tanto, realizar un efectivo control del comercio español de armas.Los datos ofrecidos por el ejecutivo tampoco incluyen información sobre las ventas autorizadas y todavía no realizadas. Los mismos serían imprescindibles para ejercer un control previo de las exportaciones de armas, y no sólo a posteriori.Las exportaciones de munición de caza y tiro deportivo tampoco aparecen en la última información proporcionada por el Gobierno sobre ventas de armas, a pesar de las reiteradas peticiones de Amnistía Internacional, Intermón Oxfam y Greenpeace de someter a control este tipo de armamento.Obuses a ColombiaRecientemente, un periódico español publicaba la noticia de la venta a Colombia de obuses fabricados por una empresa asturiana, destinados, según la noticia, a un batallón de artillería del ejército colombiano. Es preciso que el gobierno explique con la mayor prontitud esta exportación, dando los detalles concretos de la venta, así como el tipo de producto y el destinatario. El redactado actual del proyecto de ley no obliga al Gobierno a ofrecer este nivel de detalle, lo que evidentemente limita cualquier valoración sobre la conveniencia o no de dichas exportaciones.Colombia, junto a otros países, es desde hace años un destino preocupante de las armas españolas. De confirmarse estas nuevas ventas, el Gobierno habría ignorado una vez más, varios criterios del Código de Conducta de la Unión Europea, por tratarse de un país en el que existe un conflicto armado caracterizado por las graves violaciones de los derechos humanos por parte de todos los actores armados en el mismo (ejército, guerrilla y paramilitares).Material policial a GuatemalaEn la información oficial relativa al primer semestre de 2006 figura la venta de "otro material" a Guatemala por valor de más de 800 mil euros. Sin embargo, no es posible saber qué se ha vendido exactamente a un país en el que se producen preocupantes violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad y altos niveles de impunidad ante estos abusos. La categoría de "otro material" incluye diversas subcategorías y productos de seguridad, policial y antidisturbios, como sustancias incapacitantes, equipos de luz y sonido provocadores de aturdimiento, dispositivos restrictivos del movimiento de los seres humanos o equipos para provocar descargas eléctricas, entre otros. Éste es otro claro ejemplo de la importancia de conocer con exactitud cuál es el producto exportado y cuál será su uso final.Necesidad de mejorar la ley en trámitePara impedir que las armas españolas lleguen a destinos equivocados en los que puedan utilizarse para cometer violaciones de los derechos humanos, para alimentar conflictos armados o avivar tensiones regionales, Amnistía Internacional, Intermón Oxfam y Greenpeace consideran que es imprescindible que se apruebe en España una ley exigente que asegure la mayor transparencia y control de las trasferencias de armas. Para ello, el proyecto de ley presentado por el Gobierno a finales de 2006 deberá mejorar sustancialmente durante su tramitación parlamentaria incluyendo:

Avances reales en transparencia de la información exigiendo el detalle mínimo con que deberá el gobierno informar sobre el tipo de producto exportado e información detallada sobre el destinatario y uso final.

Mayor control reforzando los criterios de denegación, suspensión y revocación para impedir que las exportaciones de armas españolas lleguen a destinos equivocados.

Medidas para poner fin a la discrecionalidad de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso (JIMDDU) para autorizar exportaciones de armas españolas.

La creación de una Comisión Parlamentaria Permanente de seguimiento, que reciba información actualizada de forma trimestral.

Información adicional. El 29 de diciembre de 2006 el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley sobre comercio exterior de material de defensa y doble uso, actualmente en tramitación parlamentaria. Las organizaciones, que durante más de una década han reclamado la aprobación de una ley que España que regule las transferencias de armas, mostraron su decepción por un proyecto de ley poco ambicioso que no presenta ningún cambio significativo con respecto de la situación actual. En su informe Una Ley con agujeros, las organizaciones critican el proyecto de Ley del Gobierno y presentan una serie de recomendaciones para el Gobierno y los grupos parlamentarios que deben ser incorporadas a la futura ley del comercio de armas si España quiere mostrar un compromiso real con el respeto a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario. Paralelamente, en toda España miembros de las tres organizaciones están organizando actos públicos y recogidas de firmas dirigidas a los diputados de la Comisión de Defensa del Congreso para que las peticiones sean escuchadas e incorporadas en la nueva ley.

La lucha por la igualdad

La policía iraní carga contra 700 feministas en Teherán

REUTERS - Teherán / Islamabad - 09/03/2007

Irán es uno de los países del mundo dónde resulta más difícil la lucha de las mujeres por la igualdad, a juzgar por los acontecimientos de los últimos días. Ayer, Día Internacional de la Mujer, la policía iraní cargó contra unas 700 activistas que se manifestaban por su derecho a no ser discriminadas frente al parlamento en Teherán, la capital de país. Así lo aseguraba una de las manifestantes, citada por la agencia Reuters, que señalaba además que fueron golpeadas con porras por los agentes. Ninguna de ellas resultó herida de gravedad ni fue detenida, añadió la misma fuente.

El pasado domingo, otras 31 mujeres fueron detenidas mientras se manifestaban frente al
Tribunal Islámico Revolucionario en Teherán. Pedían un juicio justo para cinco activistas que permanecen en prisión desde junio de 2006 acusadas de "actos contra la seguridad nacional" por participar en una concentración "no autorizada". 28 de las mujeres detenidas el pasado domingo han sido ya liberadas, informó ayer su abogado. Las fianzas que han tenido que pagar para salir de la cárcel van de los 8.000 a los 42.000 euros.
Además, la puesta en libertad se ha producido después de las críticas de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour. "Esas mujeres estaban ejerciendo su derecho a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de expresión", afirmó Arbour.

Gestos en Pakistán

En Pakistán, donde una representante de un parlamento provincial fue asesinada el pasado mes por el hecho de ser mujer y política, el presidente Pervez Musharraf aprovechó la celebración de ayer para manifestar su predisposición a hacer las reformas necesarias para apoyar a las mujeres dentro de la sociedad paquistaní, "fuertemente dominada por los hombres", admitió. Eso sí, añadió que la responsabilidad última de ese cambio descansa en "las propias mujeres", dijo durante una conferencia de celebración del Día de la Mujer celebrada en Islamabad.
El Gobierno paquistaní aprobó el pasado mes de noviembre una ley que enmendaba la estricta legislación islámica del país, la cual hacía hasta ese momento casi imposible a las mujeres acusar a un hombre de violación. Una de las principales ONG del país asiático, Comisión de Derechos
Humanos, recogió en el último año 900 casos de violaciones y, además, aseguró que al menos 565 mujeres fueron asesinadas en ese periodo por sus familias bajo el argumento de preservar su honor.
Musaharraf aseguró que seguirá impulsando leyes para acabar con la violencia hacia las mujeres: "Esas leyes [las islámicas] están hechas por hombres, y quien diga que tocarlas es ir con el Islam están muy equivocados"

Impunidad en la violencia sexual de la policía a mujeres

UNA DE CADA CINCO SUFRE VIOLACIÓN O INTENTO DE ELLA
Amnistía Internacional: la violencia sexual de agentes estatales a mujeres queda impune

MARTA ARROYO (elmundo.es)

MADRID.- Una de cada cinco mujeres es violada o sufre intento de violación a lo largo de su vida. En la mayoría de los casos, los agresores son familiares o conocidos, pero también agentes estatales. Coincidiendo con el Día de la Mujer, Amnistía Internacional ha lanzado un informe en el que denuncia la impunidad de la violencia sexual a mujeres perpetrada por este colectivo.
El informe, titulado ¡Ni abuso de poder ni impunidad!, señala que, cuando los agentes del Estado usan la violencia sexual contra las mujeres, la impunidad y los obstáculos de las víctimas para obtener justicia son mayores.
En el texto se denuncia la violencia sexual cometida en países como Nigeria, México, EEUU, Sudán, Chechenia o la República Democrática del Congo y destaca la vulnerabilidad de algunos colectivos, tales como las minorías étnicas, las mujeres desplazadas, refugiadas o las lesbianas.
Arma de guerra
La ONG alerta de que, en lugares de conflicto, la violación y otras agresiones sexuales son armas de guerra. Así es en la República Democrática del Congo, Colombia y Sudán, donde decenas de miles de mujeres han sido víctimas de ellas.
En países que no están en guerra, estas agresiones se producen en celdas policiales, calabozos o instituciones estatales. Para la organización, eso es violencia cometida por el Estado, que "incumple las normas del derecho internacional, que obligan a respetar los derechos humanos de las mujeres".
Por ello, acusa a los Gobiernos de no adoptar medidas contra estos abusos, que se dan en todos los países. En España se han conocido diversos casos pero, según la responsable de investigación de AI, Eva Suárez-Llanos, sobre todo, de inmigrantes indocumentadas que no pueden o no quieren denunciar".
El informe incluye casos concretos como el de Bitondo Nyumba. Esta mujer de 56 años falleció por las lesiones sufridas al ser violada por soldados gubernamentales en la República Democrática del Congo, donde decenas de miles de mujeres han sido violadas por las fuerzas combatientes desde 1998.
También recoge el testimonio de una sudanesa en un campo de refugiados de Darfur, donde entre julio y agosto de 2006 las violaciones pasaron de cuatro a 200 por mes. "Me azotaron con dos látigos que usaron dos hombres... Me violaron los cinco. No denuncié la violación porque eran soldados del Gobierno", afirma.
Silenciar los derechos humanos
Colombia y México también están en la lista negra de Amnistía. En el primero, paramilitares, Ejército y guerrilla utilizan la violación, la mutilación y la violencia para atemorizar a las defensoras de los derechos humanos. Así lo denuncia Laura Inés Badillo, delegada para Europa de la Ruta Pacífica de Mujeres, un movimiento que intenta visibilizar los efectos del conflicto armado en las mujeres.
En el caso de México, donde las mujeres y niñas sufren una grave discriminación y violencia, las que han pedido responsabilidad al Estado por actos cometidos por sus agentes, se han enfrentado a una atención médica deficiente, exámenes forenses inadecuados y a un sistema judicial deficiente.
Uno de los últimos casos ha sido el de Ernestina Ascensio, una indígena de 72 años violada y torturada por soldados del 63 batallón de infantería del Ejército el pasado 25 de febrero y que falleció por los daños sufridos.
Para acabar con esta impunidad, AI puso en marcha en 2004 la campaña 'No más violencia contra las mujeres'. Ahora lanza una ciberacción, en la que pide a los gobiernos de la República Democrática del Congo, Colombia y México que asuman su responsabilidad en la prevención y castigo de estas agresiones y garanticen el derecho de las víctimas a obtener justicia y reparación

Un grito de desesperación

SOLICITA AL GOBIERNO ESPAÑOL APOYO POLÍTICO Y ECONÓMICO
Un grito de desesperación de la activista afgana Fatana Ishaq Galiani. La activista Premio Príncipe de Asturias trabaja con más de 5.000 mujeres y niños

02/03/2007 14:07 (CET) (elmundo.es)

VALENCIA.- Cada tres horas muere un niño al explotar una de las más de 10 millones de minas sembradas por todo Afganistán. Más de 250.000 menores mueren de inanición cada año en el mismo país. La afgana Fatana Ishaq Galiani, Premio Príncipe de Asturias de Cooperación en 1998 y de Defensa de los Derechos Humanos en 2000, ha recordado con dolor y desesperación en el Foro Internacional sobre infancia y violencia, la situación de las mujeres y niños de su país, profundamente castigado por dos décadas de guerra.
Fundadora y presidenta del Consejo de Mujeres Afganas, esta mujer lleva 18 años luchando por recuperar los derechos arrebatados a las féminas y menores. En 1978, su nombre apareció en una lista negra de amenazados de muerte por su oposición a la política de los talibanes. Desde entonces ha vivido 20 años en Pakistán y tres en Suiza. Hace cinco, regresó a Kabul para reivindicar desde la capital afgana que se cumplieran las necesidades básicas de su pueblo.
"Trabajo muy duro con más de 5.000 mujeres y niños, pero hacen falta demasiadas cosas. Pido desde aquí al Gobierno español apoyo económico y político", ha suplicado Fatana Ishaq en el Foro Internacional Infancia y Violencia, celebrado en Valencia. Con la petición económica ha recordado que necesitan "alimentos, ropa, medicinas, material escolar... y para tener todo esto hace falta dinero". La activista ha asegurado que el invierno en su país es muy frío y duro, y "si cada español me diera un céntimo, sería suficiente para salvar muchas vidas".
También ha solicitado apoyo político. "Ahora mismo no podemos crear nuestro propio partido político, no estamos preparados, pero quizás mañana sí. Actualmente, lo que verdaderamente necesitamos es abrir la mente de las mujeres afganas, prepararlas para que conozcan lo que es una democracia, para que conozcan sus derechos y sus responsabilidades, educarlas", ha explicado con energía y apretando los puños Fatana Ishaq. En un país que quedó paralizado por las armas y después aplastado por el régimen talibán, las mujeres han sido las principales víctimas de una doctrina radical religiosa en la que su papel en la sociedad desapareció por completo.
En las zonas de Afganistán controladas por los talibanes, las niñas tenían prohibido recibir educación. Algunas niñas iban a clase en escuelas montadas en casas particulares pero, cuando estos colegios eran descubiertos, eran cerrados a la fuerza. Cuenta Fatana Ishaq que, en junio de 2001, la policía religiosa de los talibanes dio una paliza a una maestra y a sus alumnas, niñas de primero hasta séptimo. Según la activista, ese mismo año, otra mujer afgana denunciaba ante Human Rights Watch que los talibanes habían paralizado la mitad de la sociedad; "la mitad de la sociedad está muerta en Afganistán porque no se les permite a las mujeres trabajar o estudiar".
Un ligero avance
Ahora, después de cinco años en Kabul, esta defensora de los derechos humanos asegura que la situación ha mejorado, pero está segura de que no es suficiente. Actualmente, algunas mujeres van a la escuela y otras ocupan algún lugar en el Parlamento del país, "pero esta mejoría sólo está en Kabul, en el resto del país todavía es demasiado peligroso ser mujer". Fatana Ishaq ha declarado que se habla mucho de la mujer afgana pero, en realidad, no se la escucha ni se cuenta con ella para nada.
En el centro que regenta esta mujer, están potenciando la alfabetización de mujeres y niños en busca de un futuro mejor para su país. Sin embargo, las cifras están convirtiendo esta tarea en un proyecto difícil. La guerra ha matado a entre 300.000 y 400.000 niños afganos y otros miles de niños han siguen falleciendo por el hambre y las enfermedades. También está aquellos que todavía no han regresado de su gran huida a Pakistán. Muchas mujeres y niños refugiados mendigan en las calles de la ciudad de Peshawar, en el noroeste paquistaní, y terminan siendo utilizados para el narcotráfico sin que se les permita visitar a sus familias.
Fatana Ishaq ha finalizado su intervención declarando: "Estoy cansada, muy cansada, del dolor y la pena que llena mi corazón por la enorme tragedia que sufren las mujeres y los niños de mi país. Por favor, ayudadnos".