INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS
El Sáhara frente a Zapatero El Gobierno no ha visto cumplidas sus esperanzas de encontrar una solución negociada.
Ahora, el acercamiento a Marruecos se ve obstaculizado por las protestas saharauis
ANTONIO CAÑO
EL PAÍS - España - 09-01-2006
El día anterior, en una entrevista en su despacho en Rabat, el ministro del Interior de Marruecos, Mustafá Sahel, insistía en que la situación en El Aaiún era completamente normal, que los periodistas podían acceder libremente a ella, como a cualquier otra ciudad de Marruecos, y que no existían medidas especiales de seguridad, ni conocía, por tanto, el número de fuerzas del orden desplegadas allí, como el ministro José Antonio Alonso, dijo, desconocería el número de policías que hay en Soria.
La realidad desmintió al ministro sólo 24 horas más tarde. En el mismo aeropuerto de la capital saharaui, el autor de este reportaje fue retenido por la policía durante más de una hora, preguntado sobre el propósito de su viaje y sobre sus contactos en la ciudad, requerido a presentar autorizaciones y, por último, instigado a aceptar como condición para su entrada la realización de una visita de carácter exclusivamente turístico, con el compromiso de no cumplir labor profesional alguna.
Pero incluso un turista que recorriera El Aaiún en esas fechas de mediados de diciembre -en este caso, burdamente seguido desde el hotel y de forma permanente por un individuo al volante de un Renault blanco- podría haber percibido claros síntomas de excepcionalidad. Aunque la actividad diurna es aparentemente normal en las zonas más céntricas, en varios barrios de la ciudad, particularmente en el de Mahtala, escenario de las manifestaciones de mayo de 2005 que dieron comienzo a lo que el Frente Polisario llama la intifada saharaui, se amontonan los vehículos de policía. En algunos puntos se pueden contar más de 20 autobuses y varias decenas de policías que patrullan con cascos y material antidisturbios.
En los últimos siete meses, las manifestaciones, principalmente en El Aaiún, pero también en otras ciudades saharauis, se han sucedido de forma ininterrumpida, aunque muchas veces con pequeños números de participantes, en su mayoría jóvenes y mujeres. Se han sucedido también las detenciones y los actos de hostigamiento y represión por parte de las autoridades, denunciados por organizaciones internacionales de derechos humanos y recogidos en ocasiones por algunos medios de comunicación marroquíes. Más adelante detallaremos esa situación, pero lo más significativo de las protestas en las principales ciudades del Sáhara Occidental es que precisamente cuando parecía que el conflicto caminaba sin solución hacia el rincón de los problemas olvidados del mundo, un clima crónico de protesta social en El Aaiún le he dado una vitalidad nueva y desconocida.
Pese a todo, visto desde allí, en medio de las calles polvorientas de una lejana ciudad cargada de evocaciones de viejo colonialismo, uno tiene la tentación de preguntarse ¿qué puede importarle a la España actual, afectada de lleno por las incertidumbres de las grandes crisis internacionales, las algaradas callejeras de unos grupos de adolescentes que reclaman la independencia de su minúscula nación?
La respuesta es obvia si se reconoce, como hace un alto funcionario español, que "todo lo que sucede en Marruecos afecta a nuestras constantes vitales" -"lo que es bueno para Marruecos es bueno para España", sintetiza el embajador marroquí en Madrid, Omar Azziman-. El conflicto del Sáhara, que desde hace años representa un lastre para la economía de Marruecos -a falta de cifras oficiales, se calcula que el coste del control militar en el sur ronda el millón y medio de dólares diarios-, adquiere ahora una nueva y compleja dimensión. Las protestas han convertido el conflicto del Sáhara, por primera vez desde que España abandonara ese territorio y Marruecos se lo anexionase parcialmente, hace ahora 30 años, en una cuestión interna para Marruecos, no sólo en un problema más de su difícil relación con Argelia. Numerosas fuentes diplomáticas, políticas y académicas consultadas en Madrid, Rabat, Casablanca y El Aaiún coinciden en que las manifestaciones en las ciudades saharauis representan un cierto riesgo de contagio para el resto de la población marroquí en un momento de grave crisis económica y social, obligan al Gobierno a hacer creíbles sus ofertas de autonomía y, sobre todo, ponen en entredicho las reiteradas promesas de apertura y democratización del rey Mohamed VI.
Esa pequeña intifada saharaui -aunque cualquier comparación con las revueltas juveniles en los territorios palestinos resulta claramente exagerada- debilita, en definitiva, al régimen marroquí y se convierte también en un problema de la política exterior española y, en el momento actual, en un obstáculo en los planes del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de crear una relación de verdadera amistad con Rabat.
Aunque los intereses de España en su relación con Marruecos son múltiples y afectan a áreas fundamentales de la seguridad y la economía españolas, la mayoría de los expertos en esa relación dudan de que la luna de miel entre el Gobierno socialista y Marruecos pueda consumarse sin avances razonables en la situación en el Sáhara, a cuya población se siente ligada histórica y afectivamente una parte importante de la opinión pública española. "Existe un sentimiento prosaharaui en el corazón de los españoles. Hay encuestas que muestran que el 70% de la población respalda las reivindicaciones saharauis", asegura José Taboada, presidente de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui. Según otra encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas del año 2002, el rey Mohamed VI era el personaje internacional menos querido por los españoles, por delante únicamente de Sadam Husein y Ariel Sharon.
Rodríguez Zapatero probablemente era consciente de ese sentimiento cuando en su primera visita a Marruecos, el 24 de abril de 2004, pocos días después de asumir la jefatura del Gobierno, se mostraba convencido de que "se pueden armonizar los derechos de las partes mediante el diálogo y llegar a un gran acuerdo" en el Sáhara. Zapatero prometió un trabajo intenso de la diplomacia española para alcanzar esa meta y vaticinó algunos logros en el plazo de seis meses.
No seis sino 20 meses después de esas palabras cuando resulta evidente que no se ha producido diálogo ni acuerdo y, aunque la diplomacia española dice haber trabajado tan intensamente como se le ordenó, el único éxito, no desdeñable pero menor, fue el nombramiento en julio de 2005 de Peter van Walsum como nuevo enviado personal del secretario general de la ONU, Kofi Annan, para el conflicto del Sáhara Occidental.
El Gobierno español, que había empujado más que nadie en Naciones Unidas para conseguir ese nombramiento, acogió también con más entusiasmo que nadie la llegada de Van Walsum. Aunque tampoco este diplomático holandés consiguió crear una dinámica de negociación entre las partes afectadas por el conflicto, atascado desde hace una década por el rechazo de Marruecos al plan propuesto por el político norteamericano James Baker. Son muchos los puntos de vista acerca de quiénes son más responsables del fracaso en la negociación sobre el Sáhara, pero el objetivo de este trabajo se reduce a los efectos que el conflicto del Sáhara tiene en las relaciones entre España y Marruecos, por lo que, aunque varias fuentes han recordado el desinterés de Argelia por buscar una solución a corto plazo, así como la dependencia del Frente Polisario de los intereses argelinos, nos limitaremos únicamente a dejar constancia de estos dos factores, sin profundizar en ellos.
La posición de España en el conflicto del Sáhara quedó marcada por lo que dijo Zapatero en Casablanca en su primera visita a un país extranjero como presidente del Gobierno (Marruecos había sido también dos años antes su primer viaje como secretario general del PSOE), pero sobre todo por lo que no dijo: el presidente del Gobierno omitió toda referencia al Plan Baker, que era todavía el proyecto de Naciones Unidas y la posición que hasta entonces respaldaba España. "Nunca un político español de este rango ha sido tan neutro respecto a esta cuestión (el Sáhara) como lo ha sido el líder de los socialistas", publicó entonces el diario marroquí Libération.
Zapatero apostaba claramente por una política hacia el Sáhara mucho más cercana a la de Francia y, probablemente, sacrificada al objetivo prioritario de restablecer un nuevo clima de buena vecindad con Marruecos después de años de discrepancias durante el Gobierno de José María Aznar.
El Gobierno intentó compensar esa política con algunos gestos significativos hacia los independentistas saharauis. El 26 de noviembre de 2004, Zapatero recibía a Mohamed Abdelaziz y se convertía en el primer jefe del Gobierno en entrevistarse con un secretario general del Frente Polisario. Sin embargo, la entrevista, que no produjo resultados, estuvo a punto de frustrarse porque Zapatero decidió recibir a Abdelaziz, que también es presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD, reconocida por la Organización para la Unidad Africana y por 80 países del mundo), en la sede del PSOE y sólo en su calidad de líder de una organización política. Varios miembros de la dirección del Frente Polisario consideraron un insulto el hecho de que su líder no fuese recibido en el palacio de la Moncloa y le recomendaron no asistir. Abdelaziz ya no fue recibido por Zapatero en su posterior visita a España, ocho meses después.
Otras actuaciones sin precedentes fueron los tres viajes que el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Bernardino León, hizo a los campamentos del Frente Polisario en Tinduf a partir de finales de la primavera de 2004. Ninguno de los viajes produjo resultados. En ellos, según fuentes de ambos lados, el emisario español trató de explicar a los saharauis que la voluntad de España era la de buscar una solución negociada satisfactoria para ambas partes, pero no llegó a presentar una propuesta concreta de mediación. Los dirigentes saharauis pidieron a su interlocutor que España se involucrara en la defensa del Plan Baker como fórmula amparada por la ONU para la búsqueda de una solución o que, en su defecto, mantuviera silencio. La diplomacia española anota la liberación de 100 prisioneros saharauis en junio de 2004 como uno de los resultados de esas gestiones.
Los esfuerzos españoles prácticamente concluyeron ahí. En todo ese tiempo, las visitas de ministros españoles a Marruecos fueron casi constantes y el Gobierno español ha ido acentuando una posición más cercana a Marruecos, que culminó en noviembre pasado con la invitación de Rodríguez Zapatero a los actos del 50º aniversario de la independencia marroquí. Los independentistas saharauis empiezan a ver España como una causa perdida.
"Estamos llegando a la conclusión", dice Mohamed Bujari, representante del Frente Polisario en la ONU, "de que España no puede jugar el papel que nosotros quisiéramos que jugase. La convicción que nosotros tenemos es la de que España ha decidido jugar la carta marroquí. Hemos comprendido que tenemos que intentar entendernos con franceses y norteamericanos porque hemos llegado al límite: España no va a hacer nada".
El Polisario advierte de que, con esta política, España va a quedar excluida de la solución a la que finalmente se llegue en el Sáhara y, de esa manera, excluida también de participar en la explotación de los recursos naturales, entre ellos petróleo, que se calcula que existen en aquel territorio. Los dirigentes de la RASD dicen haber firmado ya contratos de intenciones con ocho compañías petroleras para la explotación de sus recursos cuando gocen de autonomía política para hacerlo, y aseguran que les gustaría llegar a acuerdos similares con Repsol.
La Embajada marroquí en Madrid cree, por su lado, que la llegada de Zapatero al Gobierno dio un nuevo impulso a la negociación sobre el Sáhara, puso sobre la mesa "un planteamiento distinto al de Baker", según palabras del embajador Azziman, aunque estima necesario una mayor presión de Madrid sobre Argelia, donde, a juicio de Marruecos, está el corazón del problema.
Para la política española, mientras tanto, todo parece estar sujeto a una prioridad: la estabilidad de Marruecos. Por eso los diplomáticos españoles hacen esfuerzos, tanto en Rabat como en Madrid, para observar progresos del régimen marroquí en materia de democratización y de derechos humanos, convencidos aparentemente de que cuando se juzgue la acción exterior del actual Gobierno español el veredicto dependerá en gran parte de cómo evolucionen los acontecimientos en Marruecos. El problema es que la respuesta que encuentra en Marruecos no es, frecuentemente, la esperada.
