La represión sigue en Bielorrusia

El régimen de Lukashenko continúa su implacable represión contra líderes de la oposición democrática bielorrusa. Tres opositores pasarán 15 días en la cárcel por asistir a una acción, no prohibida, conmemorativa de Chernobil.

MACIEJ STASINSKI - 28/04/2006Corresponsal VARSOVIA

El régimen autoritario del presidente Alexander Lukashenko condenó ayer a varios líderes de la oposición democrática a dos semanas de cárcel por haber participado en una manifestación supuestamente ilegal. Las condenas coinciden con una declaración de oficiales de los servicios de seguridad - llamados KGB, como en la época soviética- que denuncian un fraude flagrante en las elecciones del pasado marzo, que volvieron a dar el triunfo a Lukashenko. Alexander Milinkevich (principal rival en dichos comicios), Vintsuk Vachorka y Sergiey Kaliakin, destacados líderes de la oposición, fueron condenados a 15 días de cárcel por haber participado anteayer en una manifestación en Minsk para conmemorar el 20.º aniversario de la catástrofe de Chernobil. Estos opositores pretenden derrocar por medios pacíficos a Lukashenko, tras doce años en el poder marcados por fraudes electorales y duras represalias contra la oposición. La citada manifestacion, que el Gobierno no llegó a prohibir, reunió en el centro de la capital, Minsk, a más de 7.000 personas, número muy elevado para un país sometido al férreo control del régimen poscomunista. "Es una sentencia política y no judicial. El régimen tiene ya entre rejas a varios dirigentes de la oposición", gritó uno de los detenidos por la ventana del juzgado a un grupo de periodistas. Efectivamente, Milinkevich, Viachorka y Kaliakin se suman a Alexander Kazulin, otro opositor detenido desde hace un mes que espera ser juzgado. En las elecciones presidenciales del pasado 19 de marzo, Milinkevich y Kazulin fueron rivales directos de Lukashenko. Según los datos manipulados por la comisión electoral, sometida a la autoridad del Gobierno, éste derrotó a ambos por un margen abrumador de votos. Tras las elecciones, la UE y Estados Unidos denunciaron fraude y aplicaron sanciones diplomáticas contra jerarcas del régimen, al tiempo que manifestaron su respaldo a Milinkevich. La magnitud del fraude se aprecia a la luz de una carta firmada por un grupo de oficiales del servicio de seguridad bielorruso. Según el informe del grupo Patriotas, que al parecer ha tenido acceso a protocolos electorales auténticos, pero cuya veracidad es imposible de verificar por el momento, Lukashenko logró tan sólo un 49% de los votos (frente al 83% oficial). Milinkevich quedó en segundo lugar con un 28% (y no con el ínfimo 6% oficial). Le seguió Kazulin, con un 17%. De haber sido así, habría habido una segunda vuelta, en la que Lukashenko habría podido salir derrotado. La comisaria europea de Relaciones Exteriores, Benita Ferrero-Waldner, se mostró, en un comunicado, "consternada" por la detención de los opositores de Bielorrusia e instó a las autoridades de este país a respetar los compromisos adquiridos con la ONU y la OSCE y los derechos humanos y las libertades fundamentales. La portavoz de Exteriores de la Comisión Europea, Emma Udwin, habló de la posibilidad de nuevas sanciones de la UE contra los dirigentes bielorrusos.

Amnistía Internacional escribe al Presidente argelino

Argelia: Amnistía Internacional escribe al presidente de Argelia sobre sus motivos de preocupación respecto a la tortura

Amnistía Internacional ha pedido al presidente argelino Abdelaziz Bouteflika que tome medidas eficaces para poner fin a la detención secreta y la tortura de personas sospechosas de terrorismo.En un memorando enviado al presidente, Amnistía Internacional ofrece información detallada sobre los resultados de su investigación sobre las detenciones y la reclusión de sospechosos de terrorismo durante los últimos cuatro años. La organización invita a las autoridades argelinas a informar sobre las investigaciones que se hayan llevado a cabo sobre 12 casos concretos de presunta detención secreta y tortura de los que ha recibido informes desde 2002.La investigación de Amnistía Internacional ha revelado que cualquier sospechoso de terrorismo sigue corriendo verdadero peligro de ser torturado. Un papel fundamental en la detención y la reclusión de presuntos terroristas lo desempeña el servicio de información militar argelino, el Departamento de Información y Seguridad (Département du renseignement et de la sécurité, DRS).Habitualmente, cuando un sospechoso es detenido o recluido por el DRS, no se tienen en cuenta las salvaguardias recogidas en las leyes argelinas y el derecho internacional para la protección de los detenidos. Personas contra las que no se han formulado cargos son recluidas sistemáticamente en lugares secretos de detención, sin contacto alguno con el mundo exterior, y hay informes constantes de torturas y otros malos tratos. Mientras los detenidos están bajo la custodia del DRS, no se informa a sus familiares del lugar donde se encuentran.En algunos casos esta detención secreta del DRS se prolonga durante meses sin intervención judicial. En su primera comparecencia ante un juez, la persona detenida no suele disponer de asistencia letrada. Cuando los detenidos denuncian ante las autoridades judiciales que han sido torturados bajo la custodia del DRS, estas denuncias parecen ser descartadas sin investigación.Los funcionarios del DRS son militares, pero, según las leyes argelinas, deben operar bajo la autoridad de la Fiscalía General cuando detienen y recluyen a un sospechoso. En la práctica, sin embargo, ninguna institución civil ejerce una verdadera supervisión de las prácticas del DRS. Los fiscales no hacen respetar las salvaguardias que ofrece la ley argelina y al parecer no son informados automáticamente de las detenciones que el DRS lleva a cabo.El DRS recluye a quienes detiene en cuarteles del ejército no reconocidos oficialmente como lugares de detención. Los fiscales no parecen hacer uso de su prerrogativa de visitar estos cuarteles para asegurarse de que a los detenidos se los trata con arreglo a los criterios que establece la ley argelina.Amnistía Internacional insta al presidente de Argelia a que restrinja los poderes del DRS y garantice una verdadera supervisión civil de todas las detenciones para poner fin al panorama de detenciones secretas y torturas a manos del DRS. Este organismo, por otra parte, no debe conservar la facultad de detener y recluir bajo custodia, que debe quedar limitada a otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Además, Amnistía Internacional pide al presidente de Argelia que:
- haga cumplir las salvaguardias existentes en las leyes argelinas y el derecho internacional que protegen a los detenidos de la tortura y la detención secreta, y ponga fin a la detención de sospechosos en lugares no oficiales;- garantice que se investigan todas las denuncias de torturas u otros malos tratos, con arreglo a las obligaciones internacionales de Argelia, y que se pone a los autores de estos actos a disposición judicial; - curse una invitación al relator especial de las Naciones Unidas sobre la cuestión de la tortura para que visite Argelia próximamente.


El documento dirigido al presidente argelino, titulado Algeria: Torture in the "War on Terror" - A memorandum to the Algerian President, está en: http://web.amnesty.org/library/index/engmde280082006.

Carta de Amnistía Internacional al Presidente de Argelia

Argelia: Amnistía Internacional escribe al presidente de Argelia sobre sus motivos de preocupación respecto a la tortura

Amnistía Internacional ha pedido al presidente argelino Abdelaziz Bouteflika que tome medidas eficaces para poner fin a la detención secreta y la tortura de personas sospechosas de terrorismo.En un memorando enviado al presidente, Amnistía Internacional ofrece información detallada sobre los resultados de su investigación sobre las detenciones y la reclusión de sospechosos de terrorismo durante los últimos cuatro años. La organización invita a las autoridades argelinas a informar sobre las investigaciones que se hayan llevado a cabo sobre 12 casos concretos de presunta detención secreta y tortura de los que ha recibido informes desde 2002.La investigación de Amnistía Internacional ha revelado que cualquier sospechoso de terrorismo sigue corriendo verdadero peligro de ser torturado. Un papel fundamental en la detención y la reclusión de presuntos terroristas lo desempeña el servicio de información militar argelino, el Departamento de Información y Seguridad (Département du renseignement et de la sécurité, DRS).Habitualmente, cuando un sospechoso es detenido o recluido por el DRS, no se tienen en cuenta las salvaguardias recogidas en las leyes argelinas y el derecho internacional para la protección de los detenidos. Personas contra las que no se han formulado cargos son recluidas sistemáticamente en lugares secretos de detención, sin contacto alguno con el mundo exterior, y hay informes constantes de torturas y otros malos tratos. Mientras los detenidos están bajo la custodia del DRS, no se informa a sus familiares del lugar donde se encuentran.En algunos casos esta detención secreta del DRS se prolonga durante meses sin intervención judicial. En su primera comparecencia ante un juez, la persona detenida no suele disponer%

En 2005 se realizaron 2.148 ejecuciones "legales"

Amnistía denuncia que hay más de 20.000 personas en todo el mundo condenadas a la pena de muerte

El 94% de las ejecuciones se llevaron a cabo en Arabia Saudí, China, Estados Unidos e Irán

ELMUNDO. ES. MADRID.-

Más de 20.000 personas en todo el mundo están condenadas a muerte. Así lo revela Amnistía Internacional (AI) en su último análisis sobre el uso de la pena de muerte. Según la ONG, al menos 2.148 personas fueron ejecutadas durante 2005 en 22 países -el 94% en Arabia Saudí, China, Estados Unidos e Irán-. El año pasado también se condenó a muerte a 5.186 personas en 53 países.
La organización advierte que estas cifras son aproximadas debido al secretismo que rodea a la pena de muerte. Muchos gobiernos, como el de China, se niegan a publicar estadísticas oficiales completas sobre las ejecuciones, mientras que el de Vietnam ha llegado a declarar "secreto de Estado" las estadísticas e informaciones sobre la pena capital.
"Las cifras sobre la pena de muerte resultan realmente inquietantes: 20.000 personas están contando los días que faltan para que el Estado les quite la vida. La pena de muerte constituye la negación máxima e irreversible de los derechos humanos, pues vulnera la esencia de los valores humanos. Se suele aplicar de forma discriminatoria, después de juicios injustos o por motivos políticos. Puede ser un error irreversible cuando es consecuencia de un error judicial", ha señaló Irene Khan, secretaria general de AI.
"La pena de muerte no constituye un freno especial contra la delincuencia. En lugar de confiar en el control ilusorio que proporciona la pena de muerte, los gobiernos deben centrarse en la elaboración de medidas efectivas contra la delincuencia", ha agregado Khan.
Uso extremo de la pena de muerte
A pesar de las espeluznantes cifras sobre la pena de muerte, AI séñala que sigue intensificándose la tendencia en favor de la abolición: el número de países que llevan a cabo ejecuciones se ha reducido en un 50% durante los últimos 20 años y ha disminuido por cuarto año consecutivo. México y Liberia son los dos ejemplos más recientes de abolición de esta práctica.
Para Irene Khan, "cuando el mundo se aparta cada vez más del uso de la pena de muerte, constituye una anomalía flagrante que Arabia Saudí, China, Estados Unidos e Irán destaquen, por el uso extremo que hacen de esta forma de castigo, como los mayores 'verdugos' del mundo".
§ China
En el país que realiza casi el 80% de todas las ejecuciones, una persona puede ser condenada y ejecutada hasta por 68 delitos, incluidos el fraude fiscal, la malversación de fondos y delitos de drogas. Amnistía ha recibido informes sobre ejecuciones a bordo de "furgonetas móviles de ejecución" con la asistencia de personal médico, encargado de extraer los órganos de los cadáveres de los muertos con la mayor rapidez.
§ Arabia Saudí
En este país se ha sacado a personas de sus celdas y se las ha ejecutado sin que supieran que se les había impuesto la pena capital. Otras han sido juzgadas y condenadas a muerte en una lengua que no hablaban ni leían.
§ Estados Unidos
Dos condenados a muerte quedaron en libertad en 2005 después de que aparecieran pruebas de su inocencia.
§ Irán
Ha sido el único país donde, según AI, se ha ejecutado a al menos a ocho personas en 2005 por delitos que habían cometido cuando eran menores, incluidas dos que tenían menos de 18 años en el momento de la ejecución.
En muchos países, hay procedimientos inhumanos que agravan la crueldad que comporta el hecho de estar condenado a muerte. En Bielorrusia y Uzbekistán, por ejemplo, no se comunica por adelantado a los condenados a muerte ni a sus familiares la fecha de la ejecución, impidiéndoles así despedirse. No se entrega a los familiares el cadáver del preso para que lo entierren ni se les informa sobre el lugar del enterramiento.
En el informe, Amnistía pone de relieve también la consecuencias funestas de los juicios injustos, comon ha ocurrido en japón, donde se ha condenado a muerte a varias personas después de maltratarlas y arrancarles "confesiones" forzadas por delitos que no habían cometido.
En Uzbekistán, las ejecuciones suelen tener lugar después de denuncias creíbles sobre juicios injustos, torturas y malos tratos, realizados a menudo con el fin de obtener "confesiones", según la ONG.

Protestas en Nepal

Dos manifestantes mueren en Nepal en protestas contra el rey Gyanendra

AGENCIAS - Katmandú
EL PAÍS - Internacional - 20-04-2006

Al menos dos manifestantes murieron ayer por disparos de la policía en Nepal cuando miles de personas participaban en una protesta contra el rey Gyanendra en la ciudad de Chandragadi, 600 kilómetros al este de Katmandú, la capital. Con estos, son ya nueve los muertos en protestas en las dos últimas semanas. Fuentes locales indicaron que la policía disparó en respuesta a disparos de los manifestantes. La situación llevó al Gobierno a declarar el toque de queda en Katmandú y zonas vecinas para impedir nuevas movilizaciones masivas convocadas para hoy.La violencia de ayer coincidió con la puesta en libertad de dos líderes de la oposición, Madhav Kumar Nepal, secretario general del Partido Comunista (Unificado Marxista-Leninista), y Ram Chandra Poudel, secretario general del Congreso Nepalí. "La movilización continuará hasta que la plena soberanía sea devuelta al pueblo", dijo el dirigente comunista.

Violencia gubernamental en Nepal

Amnistía y HRW piden a Nepal que pare la violencia contra civiles y restaure la democracia
Las marchas convocadas por siete partidos de oposición y respaldadas por miles de personas durante los últimos días han sido contestadas por el Gobierno nepalés con represión. Los manifestantes piden al rey que promueva la democracia.

Silvia Torralba / Redacción Canal Solidario(17/04/2006)

El 1 de febrero de 2005, el rey de Nepal decidió de manera unilateral disolver el Gobierno que había sido elegido democráticamente por la población, asumir todos los poderes e instaurar un régimen autoritario. La razón que argumentó en ese momento el rey Gyanendra fue la de llevar la calma al país, que desde hace una década vive un conflicto armado que enfrenta a las fuerzas armadas y a los grupos maoístas liderados por el Partido Comunista de Nepal.Regentado por una monarquía absolutista hasta 1990, Nepal ha disfrutado pocos años de las libertades civiles. La guerra civil se inició en 1996 después de que el Gobierno desestimara las propuestas de cambio del Partido Comunista de Nepal, que optó por la vía de las armas. En los últimos años las guerrillas maoístas, que piden mayor igualdad social y menos privilegios reales, están presentes en más de la mitad del país.En las últimas semanas, el Partido Comunista de Nepal junto a otros seis partidos de la oposición han convocado manifestaciones pacíficas para pedir al monarca el restablecimiento de la democracia, unas concentraciones que han sido respaldadas por miles de ciudadanos.
La respuesta de las fuerzas armadas a todas estas movilizaciones ha sido reprimir a los manifestantes con gases lacrimógenos y balas de goma, restringir aún más la libertad de prensa y expresión, decretar el toque de queda en ciudades como Katmandú y registrar las casas de la población.En total, las organizaciones locales de derechos humanos hablan de un millar de personas heridas y denuncian la detención de decenas de personas y la muerte de cuatro civiles. Según Amnista Internacional, el Gobierno nepalés está haciendo “un uso excesivo de la fuerza” y “restringiendo manifestaciones pacíficas con toques de queda y arrestos arbitrarios de cientos de personas que sólo pueden encender los ánimos de la población”.Desde Amnistía Internacional acusan a las fuerzas de seguridad de “entrar en las viviendas de la gente, asaltar a los residentes, destruir propiedades y detener a civiles”. El Gobierno, sin embargo, afirma que los registros se llevan a cabo para encontrar a terroristas que se han infiltrado en las casas de las personas que se manifiestan a favor de la democracia.Tímida reacción de la comunidad internacionalLas protestas para exigir la restauración de la democracia en Nepal comenzaron el pasado 6 de abril con el llamamiento de siete partidos de la oposición a llevar a cabo cuatro días de huelga general. Pero la respuesta violenta del Gobierno ha empujado a los manifestantes –entre los que destacan periodistas, profesores, escritores y estudiantes- a seguir saliendo a la calle.Mientras tanto, la comunidad internacional reacciona a todos estos hechos de manera lenta y tímida. En un llamamiento para el diálogo entre el Gobierno de Nepal y los grupos maoístas, el secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, ha recordado al rey Gyanendra que “aunque el imperio de la ley y el orden son responsabilidad del Estado, las medidas de seguridad no deben negar a los ciudadanos su derecho a protestar pacíficamente”.En un breve comunicado, la Unión Europea ha ratificado estas palabras y ha instado al mocarca nepalés a dialogar con todas las fuerzas políticas de manera “urgente” para “resolver los problemas actuales mediante la restauración de la democracia”.Un conflicto que ha dejado 13.000 muertosPor su parte, organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW) exigen al Gobierno de Nepal el cese de la violencia y compensaciones para las víctimas de estos últimos días. Asimismo, en un informe sobre la realidad de los derechos humanos en este país, Human Rights Watch insta a la comunidad internacional para que presione y exija al rey Gyanendra que proteja a la población civil del conflicto armado que vive el país.Según HRW, el miedo forma parte ya de la vida cotidiana de muchas personas en Nepal, a causa de un conflicto que se ha cobrado 13.000 vidas, que ha empobrecido aún más a la población y que ha convertido a muchos niños y niñas en soldados.
Tanto las fuerzas de seguridad como los grupos maoístas realizan bombardeos aéreos de manera indiscriminada sobre zonas civiles y los secuestros y abusos de la población continúan, afirma Human Rights Watch.Naciones Unidas, por su parte, advierte que las violaciones de las leyes humanitarias internacionales se han agudizado de manera alarmante en los últimos dos meses debido a los ataques de los rebeldes a las ciudades y las acciones de la policía sin distinguir entre grupos armados y población civil. Este empeoramiento del conflicto está relacionado con el cese del alto el fuego que durante cuatro meses decretaron los maoístas y que el Gobierno no aceptó en su momento.En esta línea, durante las próximas semanas la situación podría calmarse tras el anuncio de hace unos días del Partido Comunista de Nepal de suspender sus actividades militares en el valle de Katmandú. La ONU, de momento, ya ha pedido a los grupos maoístas que tomen las medidas necesarias para cumplir estos compromisos.

Más información:Informe de Human Rights Watch sobre la situación actual en NepalWeb de Amnistía InternacionalPortal de información Nepalnews.comLa inestabilidad en Nepal obliga a cerrar proyectos de Global Humanitaria en el país, según la web de la ONG

Chernobil, la pesadilla continúa 20 años después

Millones de personas sufren aún los devastadores efectos de la mayor catástrofe de la historia nuclear civil

TEXTO: AGENCIAS / CHERNOBIL (UCRANIA)

VEINTE años después de aquel 26 de abril de 1986, cuando el reactor número cuatro de la central de Chernobil estalló, millones de personas siguen sufriendo los devastadores efectos, económicos, sociales y ecológicos, de la mayor catástrofe de la historia nuclear civil.La central, orgullo de la industria ex soviética, estaba en Ucrania, cerca de la frontera con Bielorrusia, ambas por aquel entonces parte integrante del todavía imperio soviético. La explosión produjo una nube radioactiva de gran intensidad que contaminó gran parte de Europa. Aun así, durante casi un mes Moscú mantuvo un completo mutismo antes de decidir la evacuación de 135.000 habitantes de la zona.Pasado ese tiempo, cuando las consecuencias empezaban a ser perceptibles, el Kremlin envió a unas 600.000 personas, entre bomberos, civiles y soldados, que fueron apodados los 'liquidadores', para construir un sarcófago en el que encerrar herméticamente el reactor dañado durante al menos 20 ó 30 años.Por aquel entonces se presagiaron decenas de miles de muertos que, sin embargo, un balance hecho público por la ONU en septiembre de 2005 redujo a 4.000 en Ucrania, Bielorrusia y Rusia debido a cánceres aparecidos a consecuencia de las radiaciones de Chernobil. No obstante, ese balance recibió fuertes críticas, como las del grupo ecologista Greenpeace, que lo tachó de campaña de desinformación «insultante para las víctimas».ImpactoUn estudio realizado por científicos británicos y difundido el 11 de abril en Kiev cifró el número de muertes relacionadas con Chernobil entre 30.000 y 60.000. El impacto de la contaminación nuclear sobre la salud mental y física de la población afectada también fue muy serio, sobre todo teniendo en cuenta que cinco millones de personas siguen viviendo en las zonas irradiadas.«Al principio teníamos miedo de nosotros mismos; se decía que estábamos sucios y así nos sentíamos», recordó Liubov Sirienko, que tuvo que reconstruir su vida en otro lugar tras ser forzosamente evacuado de la zona cuando tenía 42 años.Un total de 350.000 personas fueron evacuadas, 784.320 hectáreas de terrenos agrícolas pasaron a ser zonas prohibidas para el cultivo y en otras 700.000 hectáreas se prohibió la producción de madera. El coste de la catástrofe ascendió a «centenares de millares de dólares», según las Naciones Unidas, y dos décadas después de la catástrofe las regiones afectadas siguen social y económicamente devastadas.A esta situación hay que añadir que el sarcófago, lleno de fisuras, amenaza con ceder y debe construirse un arco hermético, cuyo coste sobrepasará los 1.000 millones de dólares, según el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD).Un sigloChernobil no será una zona segura hasta «antes de, al menos, un siglo después de la construcción del arco», respondió Yulia Marussich, portavoz de la central. Marussich precisó que el almacenamiento definitivo de las toneladas de desechos radioactivos existentes entre los escombros «no está previsto».Los efectos de Chernobil a largo plazo en el medio ambiente y la salud pública son también una incógnita. Algunos expertos observaron ya un recrudecimiento de ciertas enfermedades, como el cáncer de tiroides, entre los adultos. En cuanto a las consecuencias para el medio ambiente, «actualmente no vemos nada, pero podrían aparecer modificaciones genéticas en unos 50 años», concluyó Rudolph Alexahin, director del Instituto de Radiología Agrícola de Moscú.

Marbella

Hasta las elecciones municipales de 2007
Los partidos políticos cierran el reglamento de la gestora que regirá Marbella
De los 16 componentes de la gestora, seis serán propuestos por el PSOE; otros tantos, por el PP; dos, por IU, y otros dos, por el PA

EFE MÁLAGA

Cárcel por no ir a la guerra

Cárcel para un oficial británico que se negó a ir a Irak

ALDERSHOT, Inglaterra (Reuters) - Un médico de la Fuerza Aérea británica fue condenado el jueves a ocho meses de cárcel por negarse a acatar la orden de desplazarse a Irak.

Un panel de cinco oficiales condenó al teniente de aviación Malcolm Kendall-Smith, de 37 años y de origen australiano, por lo que el juez calificó de "desobediencia calculada y deliberada" de cinco órdenes para entrenar, preparar y desplegarse en Irak el año pasado.
Kendall-Smith dijo que consideraba que la guerra era un crimen y que no podía participar en ella de ninguna forma. Sin embargo, el juez Jack Bayliss sentenció que los soldados británicos se encontraban en Irak en 2005 con permiso de las Naciones Unidas y que la opinión de Kendall-Smith respecto a la legalidad de la guerra no era una defensa.
"La obediencia a las órdenes es clave en cualquier fuerza disciplinada. La negativa a obedecer órdenes significa que la fuerza no es una fuerza disciplinada sino una chusma", dijo.
"Quienes llevan el uniforme de la Reina no pueden elegir qué órdenes cumplen y cuáles no".
Su abogado, Philip Sapsford, le describió como un "hombre de gran valentía moral" que había tomado la decisión por principios.
Sin embargo, Bayliss dijo que Kendall-Smith tuvo la oportunidad de abandonar el ejército antes si era contrario a la guerra.
Durante los dos días de corte marcial, en una base en el sur de Inglaterra, Kendall-Smith describió a Estados Unidos como el equivalente moral de la Alemania nazi y a los propios fiscales como cómplices de delitos.
Como oficial, debe cumplir la condena de cárcel en una prisión civil. También fue expulsado de la Fuerza Aérea y le ordenaron pagar 20.000 libras (unos 28.000 euros) por el coste de su defensa.
/Por Peter Graff/

Hallados mil cadáveres de víctimas de Sadam en ocho fosas

Diez personas mueren al explotar un coche bomba junto a una mezquita chií en Nayaf

AGENCIAS - Nicosia / Nayaf
EL PAÍS - Internacional - 07-04-2006

Ocho fosas comunes con alrededor de mil cadáveres de víctimas de Sadam Husein han sido descubiertas cerca de Kirkuk (255 kilómetros al norte de Bagdad). "La mayoría eran kurdas, además de algunos cristianos y turcomanos, que vivían en dos pueblos de mayoría kurda", anunció ayer en un comunicado la Unión Patriótica Kurda (UPK), el partido del presidente iraquí, Jalal Talabani. También había restos de chiíes muertos durante la represión desatada por el régimen de Sadam en el sur del país en 1991.Las fosas se encuentran en los pueblos de Al Asri y Tubazawa, a 25 kilómetros al oeste de Kirkuk. Dos de ellas contienen al menos 800 cuerpos. El ex dictador iraquí llevó a cabo en los años ochenta una violenta represión, la llamada campaña del Anfal, contra la minoría kurda, en la que murieron unas 200.000 personas. Sadam y seis antiguos colaboradores serán juzgados por estos hechos bajo el cargo de genocidio. En la actualidad, el ex dictador se sienta en el banquillo de los acusados por haber ordenado, en 1982, la ejecución de 148 chiíes en la ciudad de Dujail, en represalia por un atentado frustrado en su contra.
Mientras, la violencia continúa en Irak. Ayer murieron al menos 10 personas -13, según Reuters- y unas 40 resultaron heridas por la explosión de un coche bomba en la ciudad santa chií de Nayaf, a 160 kilómetros al sur de Bagdad. El atentado se produjo en una zona concurrida, a 300 metros de la mezquita del imán Alí, una de las más sagradas para los chiíes, y junto a un antiguo cementerio.
El templo no resultó dañado, a diferencia de la mezquita dorada de Samarra, cuya destrucción en febrero desató una ola de violencia sectaria que aún continúa, y que se ha cobrado cientos de víctimas. Ante la incapacidad del primer ministro interino, el chií Ibrahim Yafari, para reinstaurar la seguridad en un año de gestión, cada vez más voces exigen que renuncie a su candidatura como jefe del nuevo Gobierno, a la que se oponen suníes y kurdos.
Insurgente detenidoLos militares estadounidenses anunciaron ayer la detención de un líder de la insurgencia, Mohamed al Ubaydi, próximo al jefe de Al Qaeda en Irak, Abu Musab al Zarqaui. Al Ubaydi, un alto oficial de espionaje durante el régimen de Sadam, es el principal sospechoso del secuestro de la periodista italiana Giuliana Sgrena, que fue liberada el año pasado. Durante su traslado al aeropuerto, tropas de EE UU abrieron fuego contra el coche en el que viajaba y murió un agente secreto italiano. Al Ubaydi fue detenido el pasado 7 de marzo por tropas iraquíes.
Por otra parte, el ex ministro francés del Interior Charles Pasqua, de 78 años, anunció que está siendo investigado dentro del escándalo del programa Petróleo por Alimentos, gestionado por la ONU en Irak entre 1996 y 2003 para paliar los efectos del embargo contra el régimen de Sadam Husein. Pasqua dijo a la prensa que recurrirá las diligencias judiciales.

Las minas antipersonal amenazan la vida de niños en 80 países

UNICEF pide la implicación de la comunidad internacional para acabar con este drama

GINEBRA.- Los restos explosivos de guerras, incluidas las minas antipersonas y otros artefactos abandonados que no han estallado, amenazan la vida de los niños en más de 80 países, pese a que en la mayoría de ellos los conflictos armados ya han cesado. Así lo denuncia UNICEF con motivo de la conmemoración del primer Día Internacional de la Lucha contra las Minas.
La agencia humanitaria recuerda que al menos el 20% de las 15.000 a 20.000 personas que mueren o quedan discapacitadas cada año a causa de ese tipo de explosivos son niños.
Ese drama podría evitarse en gran medida -asegura la organización- gracias a los trabajos de levantamiento de minas, que "podrían hacerse en años en lugar de en décadas", como se calcula, y "salvar a miles de niños de la muerte o de las heridas devastadoras" que provocan esos artefactos al estallar.
"Las guerras no han terminado realmente hasta que los niños pueden jugar de manera segura e ir a sus escuelas sin temor a las minas y a otros tipos de remanentes explosivos", ha manifestado la directora ejecutiva de UNICEF, Ann Veneman.
UNICEF ha precisado que miles de minas antipersonas están enterradas en "prácticamente todas las regiones del mundo" y particularmente en países como Colombia, Irak, Afganistán, Nepal, Sri Lanka, así como en la república rusa de Chechenia y en Bosnia-Herzegovina.
La mitad de los pueblos camboyanos, minados
Situaciones más dramáticas aún son las de Camboya, donde en casi la mitad de localidades pueden encontrarse minas enterradas, o en Laos, donde la cuarta parte de las áreas pobladas se encuentra en las mismas condiciones.
Según la agencia de la ONU, el 85% de los menores víctimas de minas mueren antes de recibir atención médica, en tanto que los que quedan discapacitados suelen dejar de ir a la escuela, porque generalmente pierden una o ambas extremidades inferiores y, en los casos más leves, los dedos de los pies.
Por ello, Veneman afirma que la comunidad internacional debe trabajar unida para remediar esta situación, tras recalcar el hecho de que cada vez más países participan en acciones de limpieza de minas y dan mayor importancia tanto a la asistencia a las víctimas como a las campañas de prevención destinadas a la población civil.
La ONU ha solicitado 295 millones de dólares para continuar este año con sus programas de desminado y asistencia a las víctimas en 44 países, mientras que UNICEF ha solicitado 23 millones adicionales.
La limpieza es cosa de todos
Por otra parte, la organización Llamamiento de Ginebra, que también trabaja por la erradicación de las minas, ha señalado que la lucha contra esos explosivos requiere la colaboración tanto de gobiernos como de grupos armados irregulares.
"Para acabar con las minas antipersonales de una manera eficaz hay que dirigirse a todos los que las utilizan y tener en cuenta que para la población local es más importante centrarse en su localización antes que en su cantidad", ha declarado Elisabeth Reusse, la responsable de esa entidad, con sede en Ginebra.
En la actualidad se desconoce la cantidad de minas con que cuentan los distintos grupos armados que operan en el mundo, pero sí se conocen las existencias que todavía tienen algunas de las principales potenciales militares. Entre ellas se encuentran China, con 110 millones de minas; Rusia, con 50 millones; y Estados Unidos, con 10,4 millones, que no se han adherido o ratificado la Convención de Ottawa, en vigor desde 1999 y que prohíbe el uso, almacenamiento y transferencia de minas

Es lo que hay

El alcohol mata a los bosquimanos

Esta situación es común a otros indígenas de Australia y Norteamérica que han perdido su tierra


ELMUNDO.ES (01.04.2006)

MADRID.- El Gobierno de Botsuana ha reconocido que los bosquimanos 'gana' y 'gwi' expulsados de su hogar en la Reserva de Caza del Kalahari Central están muriendo por culpa del alcohol en los campos de reasentamiento. Al menos 15 bosquimanos han muerto en uno sólo de los campos en lo que va de año.
La organización Survival ha informado de que el periódico gubernamental 'Daily News' confirmó que algunas de estas muertes eran debidas a la cirrosis (enfermedad del riñón causada por el excesivo consumo de alcohol) y al "consumo de un destilado ilegal". Las otras causas de muerte citadas eran "cáncer, enfermedades respiratorias, malaria y enfermedades del corazón".
En contraste con su actual situación, no se conocían muertes por consumo de alcohol en la reserva, cuando los bosquimanos vivían en su tierra ancestral y el alcohol era poco común.
En los campos de reasentamiento, por el contrario, donde no pueden cazar ni recolectar y dependen de las "limosnas para pobres" del Gobierno, el aburrimiento y la depresión son parte del día a día y muchos bosquimanos de cualquier edad pasan gran parte del tiempo bebiendo.
El Gobierno afirma en el informe del Daily News que su decisión de trasladar a los bosquimanos de su tierra "fue consecuencia de la necesidad de asegurar la seguridad alimentaria y oportunidades de desarrollo socioeconómico".
Problemas comunes
Sin embargo, la organización bosquimana First People of the Kalahari declaraba en un comunicado de prensa reciente: "Nuestro pueblo está muriendo en el campo de reasentamiento de Nueva Xade. Lo que el Gobierno dice de que Nueva Xade es un lugar para desarrollar al bosquimano no es cierto".
Los problemas de desintegración social que están afectando a los bosquimanos son comunes entre otros pueblos indígenas en Australia y Norteamérica que han perdido su tierra.
Los innu, un pueblo indígena canadiense que sufre una de las tasas más altas de suicidio y alcoholismo del mundo, ha emitido un alegato dirigido a las autoridades de Botsuana que dice: "Por favor, creednos cuando os decimos que presionar a la gente para que abandone su tierra ancestral, y trasladarles a nuevos asentamientos para vivir como otros batswana [ciudadanos de Botswana] será sentenciarles no al desarrollo, sino a décadas de miseria".
Los bosquimanos son los habitantes más antiguos del cono sur de África, donde han vivido durante al menos 20.000 años. Su hogar está en el inmenso Desierto del Kalahari.
Acoso constante

Según explica Survival en su web, las tribus gana y gwi que viven en la Reserva de Caza del Kalahari Central de Botsuana se encuentran entre las más perseguidas. Lejos de reconocer sus derechos de propiedad sobe la tierra en la que han vivido durante miles de años, el Gobierno de Botsuana ha expulsado de hecho a la mayoría de ellas de allí.
El acoso comenzó en 1986, y los primeros traslados forzosos tuvieron lugar en 1997. Los bosquimanos que permanecieron allí se enfrentaron a restricciones drásticas de sus derechos de caza, a torturas y al acoso constante.
A comienzos de 2002, este acoso se intensificó, siendo acompañado de la destrucción de la bomba de agua de los bosquimanos, el vaciado de las reservas de agua existentes sobre la arena y la prohibición de toda caza o recolección. Estas tácticas consiguieron forzar a casi todos a salir de allí, pero desde entonces un gran número ha regresado, mientras muchos más ansían hacerlo.