1.500 colonos dentro del muro frente a 20.000 palestinos aislados

Israel modifica el muro de Cisjordania para incluir dos asentamientos en de colonos

AGENCIAS - Jerusalén - 31/01/2007

El primer ministro israelí, Ehud Olmert, ha decidido modificar el trazado del muro de hormigón que les separa de Cisjordania para incluir dentro de Israel a 1.500 colonos judíos de dos asentamientos, lo que dejará aislados a 20.000 palestinos. Según fuentes de seguridad citadas por Haaretz, la barrera, cuya construcción comenzó en mayo de 2002, pasará con este cambio a unos 5 kilómetros al este de la llamada línea verde o frontera de la guerra de 1967, es decir, dentro del territorio palestino.
El cambio, que aún debe ser aprobado por el Consejo de Ministros y del que el primer ministro ha informado a la Suprema Corte de Justicia, implicará la inclusión de aldeas palestinas dentro de dos enclaves. Se trata de los asentamientos de Nili y Naalé, levantados en inmediaciones del de Modiín Ilit. De acuerdo con una resolución del Consejo de Ministros, aprobada en abril del año pasado, esos asentamientos debían quedar fuera del muro de seguridad, o sea en el territorio de Cisjordania aún bajo control militar israelí. "Hasta donde yo sé, (la modificación) ha sido autorizada" por Olmert, ha explicado el presidente del concejo del asentamiento de Naalé, Rani Hernik.
Si la valla se mueve finalmente hacia dentro de ese territorio palestino, supondrá un importante precedente. Hasta la fecha, todos los cambios que se ha obligado a hacer el Gobierno en el itinerario del muro de la vergüenza han sido consencuencia de demandas palestinas ante la Suprema Corte, fueron para acercarla a esa "línea verde". Según el rotativo, Olmert tomó su decisión bajo presiones de los colonos de ambos asentamientos, que le exigían quedar dentro del territorio bajo control de Israel cuando esta país negocie sus fronteras con los palestinos cuando éstos establezcan su Estado.
En un principio los asentamientos de Nili y Naalé debían de quedar dentro del territorio palestino pero protegidos por una doble cerca de seguridad, en cuyo caso quedarían encerrados entre ambas vallas 17.000 campesinos de cinco aldeas palestinas. En junio de 2004, la Suprema Corte israelí ordenó al Gobierno y a las Fuerzas Armadas destruir un tramo alrededor de Jerusalén por considerar que era "desproporcionado" el daño que causaba a decenas de miles de palestinos.
El alto tribunal también ordenó levantar 44 garitas para facilitar el paso de agricultores palestinos hacia sus tierras. Además, el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya lo declaró en 2004 ilegal y exigió a Israel su desmantelamiento y el pago de compensaciones a los afectados. El muro tendrá, una vez completado, un costo de 2.000 millones de dólares y se extenderá a lo largo de unos 643 kilómetros, mediante una combinación de vallas electrónicas, muros de hormigón, alambradas y equipos de vigilancia.
Según el Ministerio de Exteriores israelí, la valla ha reducido la violencia en los últimos años de forma drástica, si bien ha aumentado el odio y el pesimismo en la búsqueda de una paz duradera. Para muchos israelíes es un mal necesario. En cambio, los palestinos lo ven como un grave obstáculo para su supervivencia que los han convertido en virtuales prisioneros, confinados en su propio territorio. El muro separa, por ejemplo, a los palestinos que viven en Jerusalén de familiares, negocios o trabajos en Belén o Ramala.

La rebelión de los uniformados

Se esperan muchos expedientes disciplinarios

12:35 Javier Ruiz de Vergara. MADRID (“Granada Hoy)

Ésta, previsiblemente, no habrá sido la semana más fácil para el ministro de Defensa. Una inédita manifestación de agentes de la Guardia Civil uniformados; más de tres mil cartas de militares en protesta por la subida salarial aprobada por el Gobierno; el cese fulminante de un teniente coronel que recababa en Ceuta información sobre sindicalistas y líderes vecinales y el arresto e ingreso en prisión del presidente de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) –un brigada del Ejército–, por una rueda de prensa crítica con la gestión del accidente del Cougar en Afganistán configuran la agitada semana del responsable de Defensa.
La cuestión más espinosa ha sido el desafío de las asociaciones de la Benemérita, que ha abierto en Defensa e Interior el debate sobre si sancionar o no a los protagonistas de la concentración de protesta de hace una semana en Madrid. De momento, los dos líderes de la marcha han sido expedientados y apartados del servicio lo que ha llevado a la Asociación Unificada de la Guardia Civil a anunciar una respuesta “contundente”. Si finalmente se mira hacia otro lado, el malestar latente de la cúpula de la Guardia Civil –que rechaza de plano cualquier apertura del Cuerpo–, se hará insoportable para el Gobierno. Es paradójico que el mayor nivel de enfrentamiento entre las partes se produzca justo después de que el Consejo de Ministros haya dado luz verde al incremento salarial para la Benemérita y a la reforma de su anacrónico reglamento disciplinario.
Una promesa del entonces portavoz socialista y hoy ministro de Trabajo, Jesús Caldera, –que en la asamblea de la AUGC prometió la desmilitarización del Cuerpo– fue el inicio del enfrentamiento entre las asociaciones de la Guardia Civil –reconocidas por sentencias de la Audiencia Nacional y del Tribunal Constitucional– y el Ejecutivo de Zapatero. No obstante, el programa electoral del PSOE no recogía en ningún momento la desmilitarización del Cuerpo.
“Es urgente una reforma del sistema policial español que, garantizando un sistema unitario de policía, especializado funcional y territorialmente, responda en su organización y funcionamiento a los principios de descentralización y de subsidiariedad”, decía el programa electoral con el que Zapatero acudió a las urnas en 2004. Pero la propuesta socialista es aún mucho más clara en lo que respecta a la Guardia Civil y sus centenarias normas de funcionamiento que la consagran como Cuerpo militar. “La Ley Disciplinaria de la Guardia Civil suprimirá la sanción de arresto para las infracciones de los guardias civiles relacionadas con la seguridad ciudadana; en ese mismo ámbito, atribuirá en exclusiva al Ministerio del Interior y a los mandos de la Guardia Civil las competencias sancionadoras y evitará la concurrencia con el Código Penal Militar. Se regulará el derecho de asociación profesional de los miembros de la Guardia Civil de acuerdo con lo previsto en los artículos 22 y 104.2 de la Constitución, para la representación y promoción de las condiciones profesionales de sus miembros”, subrayaba el texto que fue acogido con alborozo por las asociaciones del Cuerpo, reconocidas legalmente por una sentencia de la Audiencia Nacional pero no como interlocutores por su dirección, que impulsó los llamados consejos asesores como alternativa a las reivindicaciones de los agentes. Los consejos asesores se saldaron con un fracaso sin matices entre los 75.000 agentes.
Con más de 20.000 asociados, la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), antigua Coproper, es la punta de lanza de las reivindicación en el Cuerpo, gracias al acuerdo de unidad de acción que el colectivo suscribió con el Sindicato Unificado de Policía (SUP), central sindical que sí reconoce el Ministerio del Interior y la Dirección General de Policía.
La AUGC recelaba hace un año del nombramiento de Bono, a quien atribuyeron la decisión de nombrar a un general del Ejército del Aire como director general del Cuerpo, rompiendo una tradición de directores civiles que inició Luis Roldán y siguieron Ferran Cardenal y Santiago López Valdivieso. El malestar en la Guardia Civil es “tremendo” porque la AUGC considera que el Gobierno ha “faltado a sus compromisos” que, se recuerda desde el colectivo, llevó a los guardias a desconvocar en abril de 2005 otra manifestación uniformada en Zaragoza.
“Hay un malestar tremendo en la Guardia Civil y esto sólo puede ir a peor. De esto el Gobierno sólo puede salir mal o peor”, afirma Joan Miquel Perpinya, presidente de la AUGC que ha sido sancionado por Interior, junto al responsable de comunicación de dicha agrupación, por la protesta. Según él, los agentes han recibido la reforma del régimen disciplinario como una “burda maniobra de Rubalcaba” para hacer creer que el Gobierno cumple con su palabra. Perpinya comparte la tesis de que el Ejecutivo teme la respuesta del PP y del generalato a una posible apertura del Cuerpo. “Nadie sale a la calle por capricho, de uniforme, asumiendo que puede haber consecuencias”, subraya Penpinya para enfatizar el hartazgo de los agentes. Por ello, Perpinya amenazaba días atrás con “una segunda, tercera, cuarta y una quinta (manifestación) hasta que se cumpla lo pactado. La respuesta será muy contundente”.

Acusan a la presidenta filipina de no frenar la violencia

Grupos de derechos humanos protestan en Manila por el asesinato de cinco activistas. Denuncian que el número de asesinatos políticos desde 2001 asciende a 824. Aseguran que el móvil es eliminar a la izquierda filipina del mapa político

EFE

MANILA.- Varios grupos defensores de los derechos humanos se han manifestado en Manila en protesta por el asesinato de cinco activistas políticos en los últimos días, y han acusado a la presidenta filipina, Gloria Macapagal Arroyo, de no hacer nada para frenar la ola de violencia contra las organizaciones de izquierda.
La protesta, que ha tenido lugar frente a Camp Aguinaldo, la sede del Ejército, ha estado protagonizada por miembros de Karapatan (Derecho) y Hustisya (Justicia), que han denunciado que ascienden a 824 los asesinatos políticos desde 2001, año de la llegada al poder de la presidenta.
En el acto han participado también familiares de esas víctimas, como Evangeline Hernández, que ha asegurado que el asesinato de su hija en 2002 fue obra de grupos paramilitares.
Hernández ha expresado su solidaridad con las familias de Ruben Ermino, Demetrio Imperial, Ananias Bruce, Miguel Dayandate y Julio Camero, todos ellos asesinados en la región de Bicol, sur de la isla de Luzón, entre el pasado 18 y el 23 de enero.
Los cinco eran conocidos activistas de la región y tres de ellos, Ermino, Dayandate y Camero, estaban afiliados al izquierdista Bayan Muna, partido que desde 2001 ha perdido a más de un centenar de miembros en asesinatos aún sin clarificar.

Un plan gubernamental

Tanto Bayan Muna como las asociaciones convocantes de la protesta acusan a los grupos paramilitares y al Ejército de estar detrás de los asesinatos con objeto de eliminar a la izquierda filipina del mapa político.
Karapatan, que se dedica desde 1995 a recopilar lo que denomina "asesinatos extrajudiciales", ha enmarcado esos crímenes en el Plan de Seguridad Nacional Interna creado por el Gobierno para luchar contra la guerrilla comunista del Nuevo Ejército del Pueblo (NEP).
En función de eso, y a una petición de Hustisya del año pasado, el Tribunal Popular de los Pueblos (TPP) mantendrá en marzo una sesión en Manila con objeto de oír las alegaciones de las víctimas.
Ese "tribunal de opinión" internacional se reunió por última vez en Filipinas en 1980 para juzgar al dictador Ferdinand Marcos por violación de derechos humanos y crímenes contra la ley internacional.

Casi 7000 muertos tratando de llegar a España en 2006

El informe anual sobre la inmigración clandestina denuncia la falta de respeto a los derechos humanos de Marruecos y España, además del secretismo y la militarización de las medidas de control de fronteras.

Redacción Canal Solidario/ EP (18/01/2007)

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha documentado la muerte de 1.167 personas que perdieron la vida en el trayecto desde África a España en 2006. Sin embargo, aclara que “nunca” se sabrá el número exacto de muertes y calcula que aproximadamente pudieron ser siete mil personas las que murieron. APDHA hace un seguimiento detallado de las muertes de víctimas de la inmigración clandestina en su informe Derechos Humanos en la Frontera Sur 2006 (archivo doc). En su nueva edición, el texto aborda cuestiones como el análisis de los flujos migratorios actuales, sus causas y su evolución u las políticas hiper-restrictivas frente a los mismos y sus graves consecuencias respecto a los derechos humanos. Como una catástrofe naturalLa cifra de muertes de 2006 supone triplicar las del anterior año. De hecho, la asociación compara ya los hechos en las fronteras españolas con “una catástrofe humanitaria de similar envergadura a tantas catástrofes naturales que asolan el planeta”.
Gráfico del informe de APDHA que compara la cifra verificada de muertes y la estimada por la entidad desde 1997 a 2006
El presidente de la APDHA, Rafael Lara, lamenta que si los 7.000 muertos de Mauritania se hubieran producido a consecuencia de un terremoto “se hubiera movilizado la ayuda y la solidaridad internacional” y muestra su “pánico” a la “indeferencia” de la ciudadanía española ante estas muertes. El informe también revela que 47.102 personas fueron detenidas en 2006, mientras que en 2004 y 2005 esta cifra ascendía a 15.675 y 11.781 personas, respectivamente. Apdha critica la respuesta “inaudita y desproporcionada” del Gobierno ante el aumento del flujo migratorio, cuando la inmigración africana es "la menor" en España, representando el cuatro por ciento del total: “Se ha rechazado a 47.000 subsaharianos cuando en el país hay un millón de inmigrantes sin documentación que no proceden del África Subsahariana”. Vulneración de derechos A juicio de la organización, el dispositivo del Ejecutivo socialista es “represivo y viola los Derechos Humanos”, además de tener una "visión xenófoba y racista de rechazar a los que son negros". Opina que el conjunto de las políticas desarrolladas por España y la Unión Europea “conlleva necesariamente la vulneración de derechos humanos fundamentales para todas las personas”. Por ejemplo, además de la vulneración del derecho a la vida, se vulnera el derecho a poder optar a una emigración legal, debido a las políticas de cierre de fronteras y a los diferentes “mecanismos enormemente restrictivos”, llevando a miles de jóvenes a optar por la emigración clandestina. También se vulnera el derecho al socorro en el mar, pues muchas veces las actuaciones tanto de los buques españoles como de otros países “priorizan el control y rechazo migratorio, incluso haciendo cambiar de ruta a frágiles embarcaciones en alta mar”, frente al salvamento y socorro. Otros derechos vulnerados son el de acogida en condiciones dignas y humanas, el derecho a la salud, el derecho a asistencia letrada y a intérprete o el derecho al asilo y refugio. Propuestas APDHA propone dos líneas de trabajo, una que implica un “verdadero” Plan África que suponga cooperación “sin contrapartidas” -entre ellas precisamente el control de los flujos migratorios-, el fin de la deuda externa, y la gestión de sus propios recursos, es decir “un cambio de mirada de política y de trato hacia el continente africano”. Mientras se consigue “a largo plazo” este objetivo, la ONG aboga por un cambio de las políticas migratorias “que busque vías para que los afectados salgan de un pozo sin fondo recordando que al campo no se le puede poner puertas”.

Más información: APDHA, Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía Informe Derechos Humanos en la Frontera Sur 2006 (archivo doc

ASF envía material sanitario a niños etíopes abandonados

VOLUNTARIOS DE AEROLÍNEAS LLEVAN MEDICINAS A ETIOPÍA
En Etiopía, el abandono de niños es legal si la madre está infectada de sida. Los pequeños padecen patologías que, sin equipos adecuados, son mortales.

MARTA ARROYO (elmundo.es)

MADRID.- La asociación Aviación Sin Fronteras (ASF) ha realizado un nuevo envío de unos 95 kilos de material médico y sanitario con destino a la clínica pediátrica gestionada por la Asociación Cielo 133 en Addis Abeba, que acoge una treintena de niños abandonados.
ASF tiene su sede en la T2 del Aeropuerto de Barajas, cuenta con unos 300 socios, trabajadores de compañías aéreas y personal de tierra, y lleva funcionando desde 1999. Sus miembros aprovechan la facilidad de obtener billetes a bajo coste para colaborar con distintas ONG.
"Negociamos con las compañías el exceso de equipaje y trasladamos nosotros mismos el material, para asegurarnos que pasa las aduanas y que se entrega en el lugar de destino. Además de envíos, realizamos labores de acompañamiento a niños que viajan desde diversos países a España para ser operados", explica Anko Ordóñez, portavoz de la asociación.
Una vez al mes, un voluntario de ASF vuela hasta Etiopía, para llevar su ayuda al centro de transición de Cielo 133, organización española colaboradora en adopción internacional. En este caso, antibióticos, jeringuillas, mascarillas, vendas, suero fisiológico, pomadas y pañales, con el fin de que los pequeños puedan sobrevivir y salir adelante.
Controles de sida
Debido a las altas tasas de casos de sida entre las madres de los hijos abandonados, en esta clínica se lleva a cabo un control exhaustivo de la salud de los niños, a través de análisis de sangre. Se realizan dos análisis: uno en la propia clínica de Addis Abeba y otro en Madrid, en colaboración con el Hospital Carlos III. Ambos controles garantizan que los menores no están infectados del virus del sida.
La casa de adopción Cielo 133 en Addis Abeba atiende actualmente a 34 niños, con edades comprendidas de cero a nueve años. La mayoría han sido abandonados porque sus madres, enfermas o fallecidas del virus VIH, ya no les pueden cuidar.
En Etiopía el abandono de niños es legal si la madre está infectada del virus del sida. Al ser entregados a la casa de adopción, los niños presentan síntomas de desnutrición severa, bronconeumonía, hepatitis o parásitos intestinales. En muchos casos, son prematuros que apenas pesan dos kilos y las enfermedades que padecen resultan letales, si no se tratan en una clínica equipada.
La colaboración entre Aviación Sin Fronteras y Cielo 133 combina el transporte de medicinas y la atención a unos niños que, sin la ayuda de los voluntarios, no tendrían posibilidad de vivir dignamente. ASF afirma que los recursos son limitados y que cualquier ayuda tanto económica como de voluntariado les permitiría ampliar su radio de acción.
Además de los miembros de ASF, los niños del centro de Cielo 133, reciben periódicamente la visita de voluntarios de la Asociación Española de Psicomotricistas.
Una de las miembros de esta asociación, Carmen Garriga, afirma que "se trata de niños procedentes de orfanatos que van ser entregados a familias. Nosotros les sometemos a revisiones y realizamos valoraciones sobre su estado".

"Esa bala avergüenza a Turquía"

LA PRENSA TURCA CONDENA ENÉRGICAMENTE EL ASESINATO DE HRANT DINK

EFE

ESTAMBUL.- La prensa turca condena enérgicamente el asesinato del periodista de origen armenio Hrant Dink y considera el crimen una "traición" contra toda Turquía.
Los trabajadores del semanario 'Agos', que dirigía la víctima, expresaron en un mensaje a la prensa su dolor "que no puede ser explicado en palabras" por el que era su "amigo más cercano, su hermano", a la vez que expresaron sus condolencias "a todos aquellos que aún pueden considerarse seres humanos".
El diario progresista 'Bir Gün', en el que escribía regularmente Dink, titula: "Dispararon a nuestro hermano" y denuncia que "a pesar de haber denunciado constantes amenazas, no se le dio protección". 'Bir Gün' pide, además, la derogación del polémico artículo 301 del Código Penal turco que pena los "insultos a la identidad turca", bajo el que fue juzgado Hrant Dink.
Uno de los periódicos más leídos de Turquía, 'Hürriyet', encabeza su portada con una foto de Dink y la frase: "El asesino es un traidor a la patria" y subtitula: "Una vez más, los traidores tomaron como objetivo la democracia y Turquía".
El diario conservador y cercano al gobierno 'Zaman' titula: "Esa bala avergüenza a Turquía" y 'Milliyet' escribe: "Hrant Dink es Turquía" y recuerda que es el periodista número 62 en ser asesinado en la historia de Turquía.
El rotativo progresista y nacionalista 'Cumhuriyet' comienza con un sintético: "Bala contra Turquía" y señala que el asesinato se produjo mientras se discute en el Congreso de Estados Unidos una ley sobre el genocidio armenio. Este diario también explica que el asesinato fue cometido por un profesional y planeado por los "enemigos" del país.
El periódico liberal 'Radikal', titula: "Os sentiréis orgullosos de lo que habéis conseguido" y afirma que Hrant Dink era "blanco de los racistas", al mismo tiempo se hace eco del dolor de las 8.000 personas que recorrieron las calles de Estambul en protesta por el crimen. 'Sabah' considera que Hrant Dink era un "hombre de sentido común" y califica su asesinato como "la mayor traición" que pueda haber.

Plenos poderes para Chávez en Venezuela

Chávez gobernará Venezuela por decreto durante 18 meses a partir del martes. El mandatario podrá dictar decretos con 'rango, valor y fuerza de ley'

REUTERS

CARACAS.- El Parlamento de Venezuela prevé otorgar la próxima semana al presidente Hugo Chávez poderes especiales para legislar por decreto durante 18 meses, con lo que el mandatario podrá acelerar la implantación del socialismo en el país petrolero e instrumentar sus anunciadas nacionalizaciones.
"Acordamos por unanimidad dar la urgencia necesaria contemplada en el reglamento para que el próximo jueves la Ley Habilitante se debata en primera instancia. Posiblemente se aprobara el martes", ha declarado la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Desirei Santos.
Mediante el decreto, el mandatario podrá dictar decretos con "rango, valor y fuerza de ley" en la transformación de las instituciones del Estado, el ambito económico, social, financiero y tributario, seguridad, ordenación territorial y defensa, entre muchos otros.
"La razón de ser que impulsa la aprobación de la presente Ley Habilitante se refiere a la necesidad de emprender una reestructuración de las instituciones y de las dinámicas que rigen lo público, para hacerlas más acordes con los postulados constitucionales y más eficaces", se lee en el texto de la propuesta divulgado este martes por la Asamblea Nacional.
La oposición denuncia que Chávez, quien ha prometido radicalizar su "revolución" para llevar a Venezuela hacia un "socialismo del siglo XXI", gobierna de forma "dictatorial" y dice que su proyecto es aplicar en el país un modelo comunista como el cubano.
Chávez solicitó la semana pasada la aprobación de una "Ley Habilitante revolucionaria" con la que espera ejecutar reformas de gran calado en la esfera económica, política y social, entre las que está previsto que incluya las leyes de nacionalización de empresas estratégicas.
Nacionalizaciones estratégicas
El presidente Chávez impulsa un proceso de nacionalización que afectará a la vital industria de los hidrocarburos y a las principales compañías privadas de electricidad y telecomunicaciones de la nación sudamericana.
Venezuela tomará el control de las empresas de refinado del crudo pesado que operan en la Faja Petrolífera del Orinoco, en el oriente del país, sin negociar con las empresas privadas que tienen mayoría accionarial en estos proyectos.
Además, los planes del presidente incluyen la nacionalización de la telefónica CANTV y de La Electricidad de Caracas

Trágica violencia en Irak

Más de 34.000 personas murieron de forma violenta en Irak en 2006, según la ONU
La cifra del organismo internacional casi triplica a la ofrecida por el Gobierno iraquí

AGENCIAS - Bagdad - 16/01/2007

Más de 34.000 personas murieron en Irak de forma violenta en 2006 y otras 36.000 resultaron heridas, según la ONU. La cifra aportada por Naciones Unidas casi triplica la ofrecida por el Gobierno iraquí, que al final del año pasado ofreció un balance apenas superior a los 12.000 muertos.
Según el jefe de la Misión de Asistencia a Irak de la ONU, Gianni Magazzeni, el año pasado murieron 34.452 civiles y resultaron heridos 36.685. Anteriormente, el Gobierno había informado de más de 12.000 muertos. Preguntado por las diferencias entre ambas cifras, Magazzeni ha explicado que la ONU obtuvo sus datos del Ministerio de Sanidad, de los hospitales de todo el país y de otros organismos. Cuando ofreció su cifra, el Gobierno iraquí calificó de exagerado el último balance bimensual ofrecido por la ONU en noviembre.
El informe de la ONU señala que los peores meses fueron los de septiembre y octubre, pero que se observa un ligero descenso del número de víctimas en los dos últimos meses del año. Así, según el último informe bimensual de la ONU, en noviembre y diciembre murieron un total de 6.376 personas -105 al día- mientras que en septiembre y octubre murieron 7.054 -120 al día.
Bagdad es la ciudad donde se vive el terror de forma más patente. De los más de 6.000 asesinados de noviembre y diciembre, 4.731 personas lo fueron en la capital, la mayoría a balazos, lo que para la ONU indica que fueron víctimas de escuadrones de la muerte ?violencia sectaria entre suníes y chiíes- más que de atentados con explosivos.
Magazzeni ha subrayado la responsabilidad del Gobierno iraquí en tan escalofriantes cifras, poniendo el acento en que no proporciona seguridad suficiente a sus ciudadanos. Además, ha señalado que parte de las cifras se deben a milicias que actúan en el seno de la policía y el ejército.
De hecho, “el acento de este informe está puesto en la necesidad de que el Gobierno incremente su acción con respeto al imperio de la ley”, ha dicho Magazzeni. “Las fuerzas de seguridad no proporcionan protección efectiva a la población de Irak”, ha dicho, y “las milicias actúan en connivencia o incluso infiltradas” en las fuerzas del orden.
Más violencia
Mientras hablaba el representante de la ONU, la violencia seguía abriéndose paso en Irak. Al menos 15 personas han muerto hoy en dos explosiones en Bagdad. Una bomba ha estallado cerca de una mezquita suní en el centro de la capital y, en medio de la confusión, otro artefacto colocado en una moto ha hecho explosión. En total, 15 personas muertas y 70 heridos, según una fuente del Ministerio del Interior.

Cruz Roja y ONU piden protección para los civiles en Somalia

Oxfam denuncia que 70 pastores murieron en los bombardeos de EEUU.
Las bombas han caído sobre pozos de agua, según organizaciones locales

EFE

NAIROBI.- La organización humanitaria Oxfam ha manifestado que los bombardeos de los últimos días en el sur de Somalia alcanzaron a pastores nómadas que descansaban junto a sus animales alrededor de hogueras y causaron, por lo menos, 70 muertos.
"Oxfam está recibiendo informes de las organizaciones con las que trabaja en Somalia que indican que pastores nómadas han sido por error el blanco de los recientes bombardeos", ha señalado la ONG en un comunicado difundido en Nairobi.
"De acuerdo con los informes de organizaciones locales del distrito de Afmadow, las bombas han caído sobre pozos de agua, así como sobre grandes grupos de nómadas que se habían concentrado por la noche alrededor de hogueras junto a sus animales para ahuyentar a los mosquitos".

Protección a los civiles

Las agencias de la ONU especializadas en la atención a la infancia (UNICEF) y a los refugiados (ACNUR) se han unido a la petición del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para que las partes en conflicto en Somalia respeten a los civiles, especialmente a las mujeres y niños.
"Ante todo pedimos que se libere a los niños reclutados, por lo menos a los menores de 15 años, que están claramente protegidos por las Convenciones de Ginebra, para que sean devueltos cuanto antes a sus familias", ha explicado el portavoz de UNICEF en Ginebra, Damien Personnaz.
Según la agencia, tanto las fuerzas que apoyan al Gobierno provisional de Somalia como las que combaten en nombre de la Unión de las Cortes Islámicas han reclutado menores, incluidas niñas y principalmente en los campos de refugiados, que, además, han sido atacados con granadas.
"Hay testigos que aseguran que niños de menos de 15 años han tenido un papel preponderante como combatientes activos en los recientes combates", ha lamentado Personnaz, quien ha añadido que entre las víctimas mortales de los recientes bombardeos estadounidenses sobre el sur del país hay mujeres y niños.
Por ello, UNICEF ha enviado "cartas oficiales" al Gobierno provisional y al resto de las partes en conflicto pidiéndoles que "den los pasos necesarios para asegura que esos niños son tratados adecuadamente y reenviados a sus familias de forma segura y sin discriminación alguna".
Además, reclama que se respeten los derechos de la población civil en su conjunto, tal y como ya ha hecho el CICR, que está "profundamente preocupado" por su situación y reclama un trato humanitario para los heridos y prisioneros. A esas peticiones de respeto también se ha sumado el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), que, al igual que UNICEF, ha mostrado además su preocupación por el cierre de la frontera con Kenia, al sur de Somalia.

Dificultades para enviar la ayuda

Ese cierre no sólo dificulta el envío de material de socorro a los afectados, sino que también impide, por ejemplo, que "más de un centenar de heridos que se encuentran en la frontera puedan cruzarla en busca de atención médica", ha apuntado el portavoz de ACNUR, Ron Redmond.
La agencia de la ONU se está encargando de suministrar provisiones al país, así como de verificar -a través del traslado de dos equipos de emergencia- los nuevos desplazamientos de somalíes, que huyen hacia el noreste del país y tratan de refugiarse en la vecina Etiopía.
De acuerdo con sus cálculos, al menos 15.000 personas han abandonado sus hogares y se cobijan en 14 centros de desplazados creados alrededor de la céntrica ciudad de Galkayo.
Esos desplazados necesitan sobre todo material esencial, como tiendas de campaña, mantas y utensilios de cocina, por lo que ACNUR prevé realizar un nuevo envío la semana próxima desde Nairobi.

Quinto aniversario de la cárcel secreta de Guatánamoi

Activistas y familiares de presos piden el cierre de Guantánamo en su quinto aniversario
Amnistía Internacional denuncia que aún permanecen 400 personas detenidas ilegalmente sin ser juzgadas previamente.

EFE - Guantánamo / Londres - 11/01/2007

Una delegación integrada por activistas, abogados y familiares de presos de la base naval estadounidense de Guantánamo, en el sureste de Cuba, ha pedido el cierre del enclave militar con la esperanza del éxito de su demanda. Amnistía Internacional pide a Estados Unidos que ponga fin a lo que ha tildado de "farsa de justicia".

"Espero que a partir de este evento podamos seguir adelante ycerrar la base de Guantánamo", dijo ayer el inglés de origen pakistaní Asif Iqbal, en el único comentario que hizo en una conferencia de prensa celebrada en la ciudad de Guantánamo, a unos 30 kilómetros del lugar en que estuvo recluido durante dos años y medio.
Iqbal; Zohra Zewawi y Taher Deghayes, madre y hermano del presoOmar Deghayes, detenido desde 2002; la ex coronel Ann Wright y el abogado Bill Goodman son algunos de los doce integrantes de la agrupación pacifista que no pudo estar encabezada por la estadounidense Cindy Sheehan debido a una indisposición de salud. Se espera sin embargo que Sheehan, conocida como "mamá paz" por su campaña anti-belicista tras perder a su hijo en Irak, pueda este jueves tomar parte en una marcha con la que el grupo de activistas llegará en horas de la mañana a la puerta principal de la base para pedir su clausura.
Esta no es, sin embargo, la única voz que ha pedido hoy el cierre de Guantánamo. La secretaria general de Amnistía Internacional (AI), Irene Khan, ha exigido a EEUU que ponga fin a la que ha tildado de "farsa de justicia" al cumplirse el quinto aniversario de la apertura del centro de detención de Guantánamo, en Cuba.
"Ningún individuo puede quedar fuera de la protección de la ley y tampoco gobierno alguno puede situarse por encima de la ley", ha señalado Khan en un comunicado de la mayor organización no gubernamental mundial de defensa de los derechos humanos. "Tampoco basta que los líderes mundiales se limiten a expresar su preocupación por Guantánamo y sigan tratando con Estados Unidos como si no pasase nada", ha criticado también. Según la secretaria general de AI, la comunidad internacional debe "presionar activamente a Estados Unidos para que cierre de una vez Guantánamo y restituya el respeto al derecho internacional".
Agregó que Guantánamo simboliza "la vaciedad de la promesa del gobierno de Estados Unidos de que su respuesta a los ataques (terroristas) del 11 de septiembre de 2001 (contra ese país) estarían guiados por el respeto a la dignidad humana y al imperio de la ley". "Las torturas, las humillaciones, las discriminaciones, la evitación de todos los tribunales y el desprecio de las obligaciones de los tratados suscritos con casi total impunidad están inscritos en el cuaderno de bitácora de Guantánamo", acusó Khan.
Cinco años después de la apertura de Guantánamo, siguen detenidas allí 400 personas, ninguna de las cuales ha sido juzgada o presentada ante un tribunal y cuya detención es ilegal, denuncia también AI. Guantánamo es el "núcleo de una red de prisiones secretas y traslados secretos de detenidos tejida por Estados Unidos en todo el mundo con complicidad de otros gobiernos europeos, de Oriente Medio y norte de Africa", señala la secretaria general de la ONG.

Comercio de armas: más errores

El Gobierno consulta a los fabricantes, y no a las ONG, para elaborar la ley de comercio de armas.
Tras la aprobación del anteproyecto de ley, Amnistía Internacional, Greenpeace e Intermón Oxfam consideran que el texto debe mejorar en cuestiones como la transparencia y el control.

Redacción Canal Solidario (05/01/2007)

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 29 de diciembre el anteproyecto de ley sobre control del comercio exterior de material armamentístico, justo dos semanas más tarde de que se cumpliera el plazo al que se comprometió el Gobierno. Amnistía Internacional (AI), Greenpeace e Intermón Oxfam (IO) lamentan que el Gobierno sólo haya consultado la opinión de la industria armamentística y no haya aceptado la presentación de las propuestas de estas ONG, que históricamente han exigido la transparencia en el comercio de armas. Según explican, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo sometió el texto a informe de la Asociación de Fabricantes de Armamento y Material de Defensa (Afarmade), que agrupa a las principales industrias militares españolas, pero no quiso entregar el texto que contenía las propuestas de estas entidades. La ley debe mejorar AI, Greenpeace e IO consideran que la aprobación de este texto es un “buen punto de partida”, aunque “debe ser notablemente mejorado durante el trámite parlamentario”, sobre todo en los aspectos de transparencia y control de las transferencias. A pesar de algunos avances, como incluir en los mecanismos de control la munición de todo tipo de armas de fuego -incluyendo las de caza y tiro deportivo-, buena parte el proyecto de ley “parece limitarse a poner por escrito las prácticas actuales”. Según estas entidades, estas prácticas son las que han permitido en los últimos años exportaciones de armas “muy preocupantes” y las que hasta hoy han hecho “imposible” saber exactamente qué cantidad y tipo de armas y otro material de defensa se vende, presta o regala a un determinado país. Transparencia y control de transferencias Según el texto del anteproyecto, el Congreso conocerá todas las operaciones y países de destino, así como las denegaciones en las transferencias de material de defensa y doble uso. Esto, de hecho, ya ocurre. AI, Greenpeace e IO insisten en que la futura ley debe incluir indicaciones detalladas sobre la información mínima que debe contener el informe oficial sobre las estadísticas españolas de transferencias de material de defensa y doble uso. En cambio, un aspecto en el que sí parece producirse un avance importante es en la exigencia de que se informe sobre el uso final del producto exportado y sobre la naturaleza del usuario final. De confirmarse este punto, sería “un avance en la dirección correcta”. Además, las ONG consideran que el texto final de la futura ley “debe reflejar” la aplicación estricta de los criterios del Código de Conducta de la Unión Europea para impedir que se venden armas a países en conflicto, en los que se violen los derechos humanos o en los que impere la pobreza. En estos momentos, España es el principal exportador mundial de municiones al África Subsahariana, en operaciones que no están sujetas a autorización gubernamental porque se catalogan para caza. Más información: Amnistía Internacional Greenpeace Intermón Oxfam

EEUU tomará todas las huellas dactilares a los extranjeros que vuelen a sus aeropuertos

Los datos de los 10 dedos serán incorporados a partir del verano a los archivos del FBI

YOLANDA MONGE - Washington - 08/01/2007

EE UU intensifica su lucha contra el terrorismo en los aeropuertos y planea tomar las 10 huellas dactilares de todos aquellos que quieran entrar en ese país para incorporarlas a un banco de datos compartido con el FBI. Hasta la fecha, y tras el 11-S, sólo era necesario someter los dedos índices de cada mano a examen a la llegada a cualquier frontera de Estados Unidos. Pero, según informaba ayer un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, "a partir del verano" la práctica cambiará y "se comenzará a tomar huellas de los 10 dedos en varios aeropuertos".
Desde ese momento, los millones de personas que cada año visitan EE UU verán cómo sus huellas quedan almacenadas en los archivos de la Oficina de Investigación Federal (FBI, en sus siglas en inglés) junto a las de criminales y asesinos de toda índole.
La información, adelantada por el semanario británico The Observer, ha despertado, una vez más, a las organizaciones de defensa de derechos civiles que ven en la medida cómo se pretende equiparar a ciudadanos normales con sospechosos de terrorismo.
Para Liberty, un grupo británico de derechos civiles, "acumular las huellas dactilares de millones de pasajeros inocentes no servirá para disuadir a potenciales terroristas", declaró al Observer la directora de esa ONG, Shami Chacrabarty. "Esa propuesta enloquecida convierte a miles de viajeros respetuosos con la ley en sospechosos de terrorismo", denunció a su vez al Observer Simon Davies, director de Privacy International, grupo que hace también campaña a favor de la protección de la intimidad.
Fuentes del departamento de Seguridad Nacional aseguraron que 10 aeropuertos de Estados Unidos serán los primeros en poner en práctica la nueva norma -entre los que se encuentran Nueva York, Washington y Miami- y afectará a los países de la Unión Europea, Japón, Australia y Nueva Zelanda.
Quienes hoy vuelan a Estados Unidos, además de estar obligados a poseer un pasaporte de lectura digital, se exponen a que se rastreen todas las transacciones realizadas con sus tarjetas de crédito cuando éstas hayan sido utilizadas para comprar el billete de avión. Y quienes comuniquen una dirección de Internet a una compañía aérea se exponen a que se examinen los mensajes personales.
Pero los grupos de derechos civiles alertan que la tecnología empleada en la toma de huellas está lejos de ser infalible y que las vacaciones de una familia normal y corriente en viaje a, por ejemplo, Disneylandia, pueden acabar convertidas en una pesadilla si sus datos son confundidos con los de un potencial terrorista. Según un informe reciente del grupo de derechos civiles Statewatch, que citaba un estudio japonés de 15 sistemas biométricos, 11 de ellos no lograron detectar "falsas" huellas dactilares al cubrirse las yemas de los dedos con cinta de látex, según informaba el diario The Observer.
En Estados Unidos, el plan de tomar las 10 huellas dactilares ha causado también preocupación en los grupos de defensa de las libertades, que acusan al Gobierno de utilizar el pretexto de la lucha antiterrorista para reforzar su control sobre los ciudadanos. En la actualidad, los bancos de datos del Departamento de Seguridad Nacional cuentan con 71 millones de huellas.
La Comisión Europea no tenía ayer comentarios que hacer a los anunciados planes estadounidenses de incrementar sus controles sobre los pasajeros con la toma de las 10 huellas dactilares, pero está a la espera de las propuestas que Washington debe plantear para reformar, e incrementar, la información que las compañías aéreas ya proporcionan sobre los pasajeros que vuelan a Estados Unidos, informa Ricardo M. de Rituerto desde Bruselas.

En Somalia se agrava la catástrofe

Según Acción contra el Hambre, el conflicto de Somalia agrava la situación humanitaria de la población. La ONG ha reforzado sus normas de seguridad para proteger a sus trabajadores

EL MUNDO.ES 3.1.07

MADRID.- Acción contra el hambre afirma que, más allá de los caprichos del clima (sequías, inundaciones), la inseguridad que se vive en Somalia, como consecuencia del conflicto que enfrenta al Gobierno de transición con las milicias islámicas, y la falta de servicios públicos básicos han agravado la precaria situación humanitaria de este país africano, sin estabilidad y sin Estado desde hace 15 años.
La organización afirma que las tentativas de apoyo a medio plazo, como la rehabilitación sostenible de puntos de agua o la diversificación agrícola encuentran enormes dificultades en condiciones de vida que a menudo rozan la emergencia o donde la asistencia humanitaria se hace indispensable para responder a las necesidades de asistencia médica y nutricional, de agua, de alimentos o de semillas para poder cosechar.
La encuesta nutricional realizada en julio por Acción contra el Hambre en la zona de Wajid arrojaba resultados muy alarmantes, por lo que la ONG sigue prestando ayuda ahumanitaria vital esn esté área y también en la capital.
Concretamente, en Wajid, tiene abiertos varios centros de tratamiento de la desnutrición severa, donde se recuperan 100 niños. También presta ayuda alimentaria a menores de cinco años con desnutrición, a través de la distribución de BP5 (bizcochos proteínicos)Y lleva a cabo la rehabilitación de puntos de agua.
En Mogadiscio mantiene dos centros nutricionales terapéuticos (en el norte y en sur de la capital), en los se trata a más de 200 niños con desnutrición severa. En el plano sanitario, tiene una una consulta médica en la que se atienden entre 3.000 y 4.000 personas por mes; dos centros de vacunación por los que pasan 1.000 niños por año y un centro de salud materna.
Acción contra el Hambre ha reforzado todas sus normas de seguridad (movimientos limitados, identificación visible de infraestructuras...) para proteger la integridad de sus trabajadores en el país.