Incendio provocado en las instalaciones de Sevilla Acoge

Ya son dos las ONG que han sufrido ataques vandálicos en sus sedes en lo que va de año. Las oficinas de Sevilla Acoge registraron importantes daños esta pasada semana.

Redacción (28/05/2007)

Una nueva sede de una ONG ha sido atacada esta semana. Las oficinas de la organización Sevilla Acoge fueron pasto de las llamas la madrugada del pasado 23 de mayo, cuando varios desconocidos rompieron la cristalera de uno de los despachos que dan al exterior e introdujeron líquido inflamable. Según los responsables de la ONG, el fuego destruyó techos, paredes, documentos y todo el sistema informático. Aunque todos los servicios de la fundación quedaron momentáneamente interrumpidos, los miembros de Sevilla Acoge han llevado a cabo un gran esfuerzo para poder seguir acogiendo a las personas que lo necesitan. “No sabemos quienes son los responsables de este acto vandálico, pero esperamos que no se vuelven a repetir. Nosotros seguiremos soñando un futuro de convivencia en nuestra ciudad”, afirman desde la fundación, que trabaja desde 1985 en la capital andaluza a favor de la solidaridad y el respeto entre culturas. Éste no es el primer episodio vandálico que vive la sede de una ONG en lo que va de año. En febrero, las oficinas que la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) tiene en Valencia sufrieron ataques racistas. Entre el mes de febrero de 2006 y el pasado febrero, CEAR denunció seis ataques a este local. La comisión expresó en un comunicado su convencimiento de que se trataba de actos racistas y xenófobos, por la labor que la organización hace en defensa de inmigrantes y refugiados.

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Sólo uno de cada tres trabajadores palestinos tiene trabajo

INFORME DE LA AGENCIA DE LA ONU: La OIT destaca el acoso e intimidación que sufren los trabajadores árabes

28/05/2007 EFE. GINEBRA.-

Tan sólo uno de cada tres residentes en los territorios ocupados palestinos tiene empleo, mientras que el resto no encuentra trabajo aunque lo busca (el 23,7% de la población) o simplemente no quiere o no puede trabajar, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La organización de la ONU con sede en Ginebra ha publicado un informe sobre la "desalentadora" situación de los trabajadores en los territorios árabes ocupados, tras "haber registrado un drástico deterioro durante el último año".
Según el informe, elaborado por expertos de la OIT tras visitar la zona al comienzo del año, de cada 100 hombres palestinos de más de 15 años, 52 trabajan, 16 buscan trabajo, 17 estudian y 14 no hacen nada de lo anterior por enfermedad, problemas físicos o vejez, entre otros.
En el caso de las mujeres, 29 trabajan, 15 están desempleadas, 48 estudian y cerca de ocho no puede hacer ninguna de las tareas anteriores.
Esos datos permiten entender el elevado índice de dependencia que existe en el país, donde cada persona que trabaja tiene una media de otras seis a su cargo, aunque en Gaza ese porcentaje se eleva a ocho, según la OIT.
Durante el año pasado, mientras que la mano de obra aumentó el 5,3%, la oferta de empleo cayó el 4,3%, con lo que el paro avanzó el 6,2%, hasta suponer el 23,7% (frente al 11,8% de 1999, antes de la segunda Intifada).
Además, más del 67% de los desempleados son jóvenes de entre 15 y 24 años, al tiempo que la OIT calcula que la precariedad del trabajo aumenta progresivamente y en 2006 tan sólo el 59,3% del empleo era asalariado (el resto es familiar o no remunerado).
Así, el número de hogares por debajo de la línea de la pobreza aumentó el 26% entre marzo de 2006 y de 2007, con lo que alcanza ya a siete de cada diez hogares (el 66 por ciento) y a 2,4 millones de personas.
En Gaza, la situación es "aún más sombría" según la OIT, ya que la pobreza (menos de cuatro dólares al día por persona) afecta al 88% de los hogares y la tasa de desempleo se aproxima al 35%.
Además, el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita de 2006 cayó hasta ser un 40% inferior al de 1999, lo que ha desembocado en una "crisis económica, agudizada por el impago de la totalidad de los salarios de los funcionarios desde abril de 2006 (de los que dependen un millón de personas), la caída de las inversiones y la "virtual desintegración de las instituciones públicas".

La causa principal

Sin embargo, la OIT considera "los cierres que impiden la circulación de personas y mercancías son la principal causa del empeoramiento de la situación socioeconómica de palestinos".
"Se está produciendo una desintegración territorial debido a la densa red de cierres, a los complejos controles y a la expansión de los asentamientos ilegales", denuncia el informe, que será utilizado como documento de trabajo en la Conferencia Internacional del Trabajo que comienza el próximo miércoles en Ginebra.
Los responsables del informe destacan en su trabajo el "acoso e intimidación que sufren los trabajadores árabes", cuyo acceso a procedimientos jurídicos "se ve retrasado y resulta oneroso para empleados que difícilmente pueden costearlo".
También denuncian que empresarios, productores y agricultores independientes árabes "son objeto de múltiples discriminaciones en el acceso a los mercados".
Por ello, la OIT insta a que, "garantizando la seguridad en Israel", se reduzcan o supriman los obstáculos a la circulación de personas y mercancías en los territorios ocupados, tanto internamente como con el exterior.

Una solución negociada

Además, considera que "la economía, el sector privado y el empleo deben ser objeto de mucha mayor atención por parte de Israel, de la Autoridad Palestina y de los donantes internacionales".
"Los empresarios y los trabajadores necesitan apoyo para consolidar las empresas, estimular nuevas inversiones y diversificar la actividad económica", apunta la OIT, que recuerda que esas medidas "podrían contribuir a fomentar la seguridad y a avanzar hacia una solución negociada y duradera para el conflicto".
La OIT prevé enviar una "misión técnica" a los territorios ocupados "tan pronto como sea posible, para diseñar propuestas de promoción del empleo, desarrollo empresarial y diálogo tripartito".
El organismo de la ONU asegura estar comprometido a apoyar a los mandatarios palestinos en "la promoción de medios de vida sostenibles en condiciones de seguridad, igualdad y dignidad, que son componentes esenciales de una paz justa".

La ONU alerta sobre el aumento descontrolado del uso del etanol

El organismo avisa de que causará más pobreza, hambre y polución

F. GUALDONI - Madrid - 10/05/2007

Naciones Unidas echó ayer un balde de agua muy fría a la cabeza de los entusiastas del uso masivo de biocombustibles en lugar de los carburantes fósiles: las prisas por producir ingentes cantidades de energía del maíz, la caña de azúcar, la soja o la palma acelerarán la deforestación mundial, provocarán hambruna, expulsarán a los pequeños agricultores de sus tierras y harán más pobres las regiones del planeta que ya lo son. "El tema es muy delicado y debe manejarse con mucha responsabilidad", dice el organismo.

El informe de la ONU sobre el impacto del uso de los biocarburantes a gran escala dado a conocer el martes por la noche en Nueva York es el primero y más completo de su tipo. Se da a conocer cuando ya ha habido una crisis en México por el aumento del precio de las tortillas de maíz -alimento básico de la dieta mexicana- por el desvío del grano a la producción de etanol en Estados Unidos, y dos meses después de la visita del presidente George Bush a Brasilia para firmar un acuerdo con su homólogo, Luiz Inácio Lula da Silva, para la producción y exportación de etanol. EE UU y Brasil son los mayores productores de biocombustibles, seguidos de China.
Los expertos no están en contra del aumento del uso de los carburantes vegetales -reconocen que puede ser beneficioso para mantener a raya los precios del petróleo y proveer de energía barata a muchas áreas rurales de los países pobres-, sino de que se extienda el uso de esta energía de forma alocada y sin medir bien sus consecuencias.

"A menos que las nuevas políticas que se pongan en marcha tengan en cuenta la protección de las tierras amenazadas, garanticen un uso socialmente aceptable de la tierra y vayan encaminadas a un desarrollo sostenible en su conjunto, el daño social y medioambiental de la bioenergía puede, en muchos casos, superar a los beneficios", ha afirmado Gustavo Vest, vicepresidente del brazo de la ONU dedicado a los estudios energéticos.

Un mercado en alza

El mercado de la bioenergía, con un volumen de negocio de miles de millones de euros anuales, es uno de los de más rápido crecimiento del mundo. "Dentro de años los biocombustibles supondrán el 25% de toda la energía mundial", según el director adjunto de la FAO -Agencia para la Alimentación de la ONU-, Alexander Iler, citado en el estudio.
El informe señala que la industria bioenergética puede causar un desequilibrio en el abastecimiento alimentario al destinar las tierras, aguas y otros recursos a la producción de biocombustibles en detrimento de productos alimentarios básicos. Esta situación generaría escasez y subida del precio de los alimentos y empeoraría las condiciones de la población que ya vive en el límite de la pobreza o por debajo de ésta.
Otra preocupación que expresan los expertos de Naciones Unidas es que los programas de biocombustibles ocasionen una concentración de la propiedad de las tierras en manos de unos pocos productores, que deje a los pequeños agricultores y a los más pobres fuera del mercado y, por consiguiente, inmersos en la indigencia.

También se apunta, por ejemplo, que las grandes extensiones de tierra que se requieren para aumentar la producción de bioenergía, terrenos que serán arrebatados a las áreas forestales, producirá una liberación de grandes cantidades de carbono del suelo y de la biomasa forestal. Para minimizar las emisiones del gas que produce el efecto invernadero asociado a la producción de biocombustibles, la ONU recomienda que la industria preserve los pastizales vírgenes, los bosques primarios y las tierras con una alta biodiversidad.

Seil mil inmigrantes muertos en 2006 al intentar llegar a Canarias

Estas cifras las da Cáritas, que afirma que cada día mueren más de 10 inmigrantes en el intento de alcanzar las islas. Más de dos mil nuevos inmigrantes llegaron hasta abril de 2007, según la delegación del Gobierno.

Redacción Canal Solidario (07/05/2007)

En lo que va de año, 2.100 inmigrantes han intentado llegar en cayuco a Canarias, lo que supone un 54% menos respecto a los 4.606 que llegaron a las islas en 2006, según datos del Gobierno. El año pasado fueron 4.606 los que llegaron en embarcación a las islas entre los meses de enero y abril. Pero no todos llegaron a Canarias, 6.000 inmigrantes fallecieron en el intento de alcanzar Europa, según datos de Cáritas y el obispado de Canarias y como ya advirtió Adpha en su informe de Derechos Humanos en la Frontera Sur 2006. Cáritas señala que cada día más de diez inmigrantes mueren en aguas cercanas al archipiélago de las Canarias en su intento de alcanzar Europa. Canarias congregó el 30 de abril a más de un millar de personas en recuerdo a las 6.000 vidas de inmigrantes fallecidos, con el lema de “Fui extranjero y ¿me acogieron?” Por otra parte, medio centenar de personas fueron rescatadas en aguas canarias en los últimos días y 36 inmigrantes argelinos llegaron en patera a Mallorca y fueron fletados en avión a un centro de internamiento de extranjeros de Barcelona.

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Ciudadadanos de "segunda" velocidad

MARGINA A LOS NACIONALIZADOS DE ORIGEN EXTRANJERO
Varias ONGs recurren ante el Supremo la regulación del régimen comunitario

(Inmigrantes ante una oficina de extranjería de Madrid. Foto: EFE)

Actualizado viernes 04/05/2007 16:16 (CET)

EUROPA PRESS
MADRID.- La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía) y Andalucía Acoge han notificado al Tribunal Supremo un recurso contra el reglamento que regula el régimen de los ciudadanos europeos. Entienden que establece una discriminación de derechos entre los nacidos en España y las personas de origen extranjero que obtienen la nacionalidad española.
Estas organizaciones denuncian que la trasposición de esta directiva por España restringe el derecho a la reagrupación familiar a estas personas y la posibilidad de obtener la tarjeta de residencia a las parejas de hecho.
A su modo de ver, en estos casos España aplicaría los preceptos de la Ley de Extranjería, en vez del principio de libre entrada, circulación y residencia en la Unión Europea. "La trasposición de esta directiva establece una nacionalidad de doble velocidad: los españoles de verdad y los que han nacido fuera", destacó el responsable jurídico de CEAR Madrid, Arsenio García.
En lo que se refiere a la reagrupación familiar, advierten de que los ciudadanos comunitarios que residan en España, por ejemplo los franceses, pueden traer a sus padres, mientras que una persona de origen no comunitario que haya obtenido la nacionalidad española "tiene muchas más dificultades". El secretario general de Andalucía Acoge, José Miguel Morales, expuso el caso de un ciudadano español, nacido en Marruecos, que en la actualidad reside en Málaga y aún no ha conseguido la autorización para que sus padres puedan vivir en España, por las "dificultades" que implica la norma.
Para sortear estas dificultades, el responsable de Andalucía Acoge explicó que esta persona ha tenido que recurrir a un hermano de nacionalidad francesa que tiene previsto empadronarse en España para intentar agilizar los trámites.
Perejas de hecho
Por otro lado, denuncian que el reglamento español es más restrictivo que la directiva europea en lo que se refiere a las parejas de hecho. Según las organizaciones, el texto recurrido exige una base de datos de parejas unificada, algo que no existe en España puesto que hay registros tanto en las comunidades como en los municipios.
Las ONG mantienen que esta circunstancia supone un agravio comparativo en relación a los países en los que se aplica directamente la directiva europea, tales como Alemania, Reino Unido, Dinamarca, Chequia, Eslovenia, Finlandia, Suecia y Luxemburgo. Además, los responsables de estas organizaciones creen que el Gobierno ha realizado esta trasposición de manera "consciente" puesto que el Consejo de Estado y el Foro Estatal de la Emigración ya informaron en su momento de estas cuestiones.