Comercio de armas: más errores

El Gobierno consulta a los fabricantes, y no a las ONG, para elaborar la ley de comercio de armas.
Tras la aprobación del anteproyecto de ley, Amnistía Internacional, Greenpeace e Intermón Oxfam consideran que el texto debe mejorar en cuestiones como la transparencia y el control.

Redacción Canal Solidario (05/01/2007)

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 29 de diciembre el anteproyecto de ley sobre control del comercio exterior de material armamentístico, justo dos semanas más tarde de que se cumpliera el plazo al que se comprometió el Gobierno. Amnistía Internacional (AI), Greenpeace e Intermón Oxfam (IO) lamentan que el Gobierno sólo haya consultado la opinión de la industria armamentística y no haya aceptado la presentación de las propuestas de estas ONG, que históricamente han exigido la transparencia en el comercio de armas. Según explican, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo sometió el texto a informe de la Asociación de Fabricantes de Armamento y Material de Defensa (Afarmade), que agrupa a las principales industrias militares españolas, pero no quiso entregar el texto que contenía las propuestas de estas entidades. La ley debe mejorar AI, Greenpeace e IO consideran que la aprobación de este texto es un “buen punto de partida”, aunque “debe ser notablemente mejorado durante el trámite parlamentario”, sobre todo en los aspectos de transparencia y control de las transferencias. A pesar de algunos avances, como incluir en los mecanismos de control la munición de todo tipo de armas de fuego -incluyendo las de caza y tiro deportivo-, buena parte el proyecto de ley “parece limitarse a poner por escrito las prácticas actuales”. Según estas entidades, estas prácticas son las que han permitido en los últimos años exportaciones de armas “muy preocupantes” y las que hasta hoy han hecho “imposible” saber exactamente qué cantidad y tipo de armas y otro material de defensa se vende, presta o regala a un determinado país. Transparencia y control de transferencias Según el texto del anteproyecto, el Congreso conocerá todas las operaciones y países de destino, así como las denegaciones en las transferencias de material de defensa y doble uso. Esto, de hecho, ya ocurre. AI, Greenpeace e IO insisten en que la futura ley debe incluir indicaciones detalladas sobre la información mínima que debe contener el informe oficial sobre las estadísticas españolas de transferencias de material de defensa y doble uso. En cambio, un aspecto en el que sí parece producirse un avance importante es en la exigencia de que se informe sobre el uso final del producto exportado y sobre la naturaleza del usuario final. De confirmarse este punto, sería “un avance en la dirección correcta”. Además, las ONG consideran que el texto final de la futura ley “debe reflejar” la aplicación estricta de los criterios del Código de Conducta de la Unión Europea para impedir que se venden armas a países en conflicto, en los que se violen los derechos humanos o en los que impere la pobreza. En estos momentos, España es el principal exportador mundial de municiones al África Subsahariana, en operaciones que no están sujetas a autorización gubernamental porque se catalogan para caza. Más información: Amnistía Internacional Greenpeace Intermón Oxfam