La rebelión de los uniformados

Se esperan muchos expedientes disciplinarios

12:35 Javier Ruiz de Vergara. MADRID (“Granada Hoy)

Ésta, previsiblemente, no habrá sido la semana más fácil para el ministro de Defensa. Una inédita manifestación de agentes de la Guardia Civil uniformados; más de tres mil cartas de militares en protesta por la subida salarial aprobada por el Gobierno; el cese fulminante de un teniente coronel que recababa en Ceuta información sobre sindicalistas y líderes vecinales y el arresto e ingreso en prisión del presidente de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) –un brigada del Ejército–, por una rueda de prensa crítica con la gestión del accidente del Cougar en Afganistán configuran la agitada semana del responsable de Defensa.
La cuestión más espinosa ha sido el desafío de las asociaciones de la Benemérita, que ha abierto en Defensa e Interior el debate sobre si sancionar o no a los protagonistas de la concentración de protesta de hace una semana en Madrid. De momento, los dos líderes de la marcha han sido expedientados y apartados del servicio lo que ha llevado a la Asociación Unificada de la Guardia Civil a anunciar una respuesta “contundente”. Si finalmente se mira hacia otro lado, el malestar latente de la cúpula de la Guardia Civil –que rechaza de plano cualquier apertura del Cuerpo–, se hará insoportable para el Gobierno. Es paradójico que el mayor nivel de enfrentamiento entre las partes se produzca justo después de que el Consejo de Ministros haya dado luz verde al incremento salarial para la Benemérita y a la reforma de su anacrónico reglamento disciplinario.
Una promesa del entonces portavoz socialista y hoy ministro de Trabajo, Jesús Caldera, –que en la asamblea de la AUGC prometió la desmilitarización del Cuerpo– fue el inicio del enfrentamiento entre las asociaciones de la Guardia Civil –reconocidas por sentencias de la Audiencia Nacional y del Tribunal Constitucional– y el Ejecutivo de Zapatero. No obstante, el programa electoral del PSOE no recogía en ningún momento la desmilitarización del Cuerpo.
“Es urgente una reforma del sistema policial español que, garantizando un sistema unitario de policía, especializado funcional y territorialmente, responda en su organización y funcionamiento a los principios de descentralización y de subsidiariedad”, decía el programa electoral con el que Zapatero acudió a las urnas en 2004. Pero la propuesta socialista es aún mucho más clara en lo que respecta a la Guardia Civil y sus centenarias normas de funcionamiento que la consagran como Cuerpo militar. “La Ley Disciplinaria de la Guardia Civil suprimirá la sanción de arresto para las infracciones de los guardias civiles relacionadas con la seguridad ciudadana; en ese mismo ámbito, atribuirá en exclusiva al Ministerio del Interior y a los mandos de la Guardia Civil las competencias sancionadoras y evitará la concurrencia con el Código Penal Militar. Se regulará el derecho de asociación profesional de los miembros de la Guardia Civil de acuerdo con lo previsto en los artículos 22 y 104.2 de la Constitución, para la representación y promoción de las condiciones profesionales de sus miembros”, subrayaba el texto que fue acogido con alborozo por las asociaciones del Cuerpo, reconocidas legalmente por una sentencia de la Audiencia Nacional pero no como interlocutores por su dirección, que impulsó los llamados consejos asesores como alternativa a las reivindicaciones de los agentes. Los consejos asesores se saldaron con un fracaso sin matices entre los 75.000 agentes.
Con más de 20.000 asociados, la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), antigua Coproper, es la punta de lanza de las reivindicación en el Cuerpo, gracias al acuerdo de unidad de acción que el colectivo suscribió con el Sindicato Unificado de Policía (SUP), central sindical que sí reconoce el Ministerio del Interior y la Dirección General de Policía.
La AUGC recelaba hace un año del nombramiento de Bono, a quien atribuyeron la decisión de nombrar a un general del Ejército del Aire como director general del Cuerpo, rompiendo una tradición de directores civiles que inició Luis Roldán y siguieron Ferran Cardenal y Santiago López Valdivieso. El malestar en la Guardia Civil es “tremendo” porque la AUGC considera que el Gobierno ha “faltado a sus compromisos” que, se recuerda desde el colectivo, llevó a los guardias a desconvocar en abril de 2005 otra manifestación uniformada en Zaragoza.
“Hay un malestar tremendo en la Guardia Civil y esto sólo puede ir a peor. De esto el Gobierno sólo puede salir mal o peor”, afirma Joan Miquel Perpinya, presidente de la AUGC que ha sido sancionado por Interior, junto al responsable de comunicación de dicha agrupación, por la protesta. Según él, los agentes han recibido la reforma del régimen disciplinario como una “burda maniobra de Rubalcaba” para hacer creer que el Gobierno cumple con su palabra. Perpinya comparte la tesis de que el Ejecutivo teme la respuesta del PP y del generalato a una posible apertura del Cuerpo. “Nadie sale a la calle por capricho, de uniforme, asumiendo que puede haber consecuencias”, subraya Penpinya para enfatizar el hartazgo de los agentes. Por ello, Perpinya amenazaba días atrás con “una segunda, tercera, cuarta y una quinta (manifestación) hasta que se cumpla lo pactado. La respuesta será muy contundente”.