
En su informe, titulado Turkey: Justice delayed and denied, la organización señala que estos juicios se basan a menudo en pruebas obtenidas en el pasado mediante tortura.
"Los juicios sin garantías siguen malogrando el historial de derechos humanos de Turquía. El examen de los juicios prolongados y viciados de las personas procesadas en virtud de la legislación antiterrorista ofrece un llamativo indicio de la magnitud del fracaso de la justicia en la Turquía de nuestros días”, ha afirmado Nicola Duckworth, director del Programa Regional para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional.
"El gobierno de Turquía manifiesta su compromiso de erradicar la tortura, pero es sorprendente descubrir que las pruebas obtenidas mediante tales métodos siguen siendo admitidas por los Tribunales Penales especiales, y los jueces siguen negándose a desestimarlas."
Las personas acusadas formalmente en virtud de la legislación antiterrorista son juzgadas por los Tribunales Penales especiales, que sustituyeron a los Tribunales de Seguridad del Estado en junio de 2004. Sin embargo, continúa la misma constante de procedimientos judiciales sin las debidas garantías:
· Personas acusadas formalmente en 1993 continúan encarceladas al habérseles denegado una defensa efectiva o un verdadero nuevo juicio, incluso en casos en los que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha fallado en relación con su causa y ha dictaminado que Turquía había violado sus obligaciones en materia de juicios con garantías;· Los jueces y los fiscales son a menudo las mismas personas que se hicieron cargo de los mismos casos en la época de los Tribunales de Seguridad del Estado, por lo que con el nuevo sistema se recrea la antigua constante de justicia viciada;· El derecho a una defensa efectiva es violado por los jueces, que de forma habitual y arbitraria no citan a testigos para que declaren y sean interrogados a su vez por los abogados defensores.
Incluso después de que las autoridades turcas hayan contemplado la posibilidad de que las personas afectadas sean sometidas a un nuevo juicio tras fallar el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que Turquía había violado los principios que regulan los juicios con garantías, hasta la fecha esos nuevos juicios no han incluido un reexamen nuevo, exhaustivo e imparcial de las pruebas.
"Conforme a la ley, algunas personas en cuyo favor ha fallado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tienen derecho a ser sometidas a un nuevo juicio. Sin embargo, hasta la fecha, si se abre un nuevo juicio de esa índole, se celebra de una manera digna de la atención del escritor Franz Kafka: los mismos jueces y fiscales limpian el polvo de los mismos expedientes y previsiblemente llegan al mismo fallo que ya fue criticado por el Tribunal Europeo en su momento. Las antiguas y comprometidas pruebas, las más de las veces obtenidas mediante tortura, no son anuladas", ha manifestado Nicola Duckworth.
Además, al contemplar el derecho a un nuevo juicio conforme a las resoluciones del Tribunal Europeo según las cuales Turquía violó el derecho a un juicio con garantías, el gobierno ha introducido una cláusula de escape que bloquea el posible nuevo juicio de toda persona que tuviera causas pendientes ante el Tribunal el 4 de febrero de 2003. La motivación de esta medida era encontrar una fórmula para evitar la celebración de un nuevo juicio de Abdullah Öcalan, dirigente del Partido de los Trabajadores Kurdo. Así pues, la medida tiene también un efecto discriminatorio sobre todos los demás casos sometidos a la consideración del Tribunal Europeo que, junto con el de Abdullah Öcalan, estaban pendientes de resolución en la misma fecha.
"Las autoridades kurdas deben acometer con carácter de prioridad urgente una revisión sistemática de todos los casos penales pendientes para determinar todos los casos en que se hayan formulado denuncias de que durante los interrogatorios se obtuvieron ilegalmente declaraciones de sospechosos, encausados o testigos mediante tortura u otros malos tratos. Deben tomar medidas para archivar todos los casos en que existen sospechas fundadas de que las pruebas principales contra el encausado se basan en ‘confesiones’ presuntamente obtenidas por la fuerza", ha manifestado Nicola Duckworth.
Amnistía Internacional hace un llamamiento a las autoridades de Turquía para que cumplan las normas internacionales en materia de juicios con garantías y lleven a cabo una investigación exhaustiva de todas las denuncias de tortura; pongan fin a todo uso ante los tribunales de pruebas obtenidas mediante tortura; garanticen el derecho a una defensa efectiva; pongan fin a la reclusión preventiva prolongada y a los procedimientos penales dilatados en el tiempo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario